domingo, 8 de junio de 2014

¿A seguir esperando el final del SIMCE?

Se han anunciado los proyectos de ley que constituirán el primer volumen de reformas al sistema educacional de Chile. Desde el Patio de Las Camelias en La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet adelantando su intervención del 21 de mayo ha reconocido que estos proyectos buscan recoger las demandas reclamadas en las calles. Así, se ha anunciado un triple punto final a: el lucro con fondos públicos (promovido por la dictadura), el financiamiento compartido (producto del primer gobierno de la Concertación) y la selección escolar (potenciada por la perniciosa articulación vigente de instrumentos de mercado como el subsidio a la demanda, las pruebas estandarizadas y las políticas de incentivos).
No cabe duda que el gobierno está trabajando a gran velocidad por intentar cumplir con sus compromisos programáticos, donde educación figura como la primera de las reformas de fondo, al mismo nivel que la reforma tributaria y la menos clara nueva constitución.
Sin embargo, mientras estas últimas semanas la atención mediática se concentraba en La Moneda y los proyectos de ley, la filial chilena de Iron Mountain ganaba una licitación por $17.515 millones para generar “una segunda validación de los datos” producidos por el SIMCE –cifra cercana al gasto 2013 en la aplicación del SIMCE-. Hay que decir que esta compañía fue fundada por Herman Knaust (quien se hizo millonario gracias al cultivo y comercialización de hongos) quien quiso darle un uso alternativo a una mina de hierro agotada, fundando una empresa de protección de información: “Iron Mountain” (1951). Probablemente el negocio para esta compañía no sea nada significativo considerando que facturó en 2010 la nada despreciable cifra de 3.130 millones de dólares. No obstante, sí es sintomático que se apruebe una licitación de este tipo el mismo día que se anuncian proyectos de ley que teóricamente se alinean con las demandas del movimiento estudiantil. Este hecho nos prueba una primera dimensión, muchas veces ocultada, que es el impresionante negocio asociado al SIMCE, su aplicación y su “mejora” a través de las Asesorías Técnicas. Todo esto sucede con fondos públicos.
El Programa de gobierno Michelle Bachelet parecía haber tomado parte del malestar de las comunidades escolares contra el SIMCE cuando diagnosticaba en octubre de 2013 que: “A nivel escolar, debido al uso y consecuencias de los resultados del SIMCE, hemos empobrecido el concepto de calidad y educación y promovido prácticas como la selección, la exclusión y el entrenamiento de pruebas. Debemos superar esta definición e impulsar una comprensión más compleja e integral de calidad para recuperar el sentido de la labor educativa” (p. 16). Sin embargo, luego de escuchar los anuncios presidenciales no existen planteamientos claros acerca de qué sucederá con las pruebas estandarizadas, no sólo el SIMCE, sino también PSU e INICIA, además de nuestra adscripción a pruebas internacionales como PISA –muy criticada por la generación de rankings de países, imponiendo mecanismos de colonización de los sistemas educacionales no pertenecientes a las economías fuertes-. Sólo se ha escuchado sobre la posibilidad de disminuir el número de aplicaciones. Los silencios constituyen una parte tan importante de las políticas como son los textos explícitos, y estos parecen apuntar a la permanencia o modificaciones superficiales. La omisión no puede seguir regulando nuestras políticas, necesitamos aperturas democráticas.
Debemos entender que la educación neoliberal es un sistema, y el todo ideológico construido es más que cada una de las piezas que lo componen –municipalización, subsidio a la demanda, estandarización y autoritarismo-. Este silencio es parte esencial de la imposición de una tecnología de alta complejidad escindida de las realidades escolares y sus necesidades.
Si hoy uno de los objetivos fijados por el poder ejecutivo es superar la segregación educacionalen Chile no podremos seguir alimentando a la bestia de la estandarización con más recursos económicos estatales y con omisiones, necesitamos romper con los principales pilares de la educación de mercado heredada de la década de 1980. Los nuevos proyectos de ley lanzados no podrán convivir sanamente con un sistema de medición que se fundamenta en el objetivo de clasificar y consecuentemente en segregar a través de las fórmulas de incentivos y castigos que conlleva. Es esencial que se formule un nuevo sistema de evaluación coherente con el modelo de educación (y país) que se busque promover, lejana claro está a la lógica de mercado. Los principios que debiesen respetarse son la democracia –en un horizonte de ampliar la política como práctica escolar cotidiana-, la diversidad cultural desde la cual realmente nos alfabetizamos, y la profesionalización y confianza en la labor docente. Esta apuesta no sintoniza con silencios atesorados en montañas de hierro.

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