lunes, 31 de marzo de 2014

Educación gratuita: ¿una nueva parodia?

Ya nadie recuerda con cariño esa foto del año 2007 donde Michelle Bachelet, sus ministros, los líderes de su coalición y la oposición de los acuerdos, “se tomaron de las manos y cantaron el himno nacional”, como señaló la prensa de la época, emocionada (la prensa) por la altura de miras de una clase política responsable y madura que guardaba debajo de una adornada y cara alfombra el problema de la educación y su movimiento social consecuente. Por entonces se daba por terminado el asunto “pingüinos”, quienes pasaban al archivo en un cajón, en aquel mueble donde se colecciona el ‘control social’ y la ‘paz’, más bien este último don, la hermosa ‘paz’, cuyo hermoso nombre suele reemplazar el mucho más oscuro rótulo de rentabilidad comercial (la rentabilidad bélica se llama, en cambio, ‘justicia’).
Ya nadie se acuerda que había sido tan difícil terminar con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza –emitida el penúltimo día de la dictadura–, que había razones para celebrar. Pero no llamó demasiado la atención que también celebrase la derecha en la misma sala, con las mismas manos, hechos todos uno. A poco andar fue comprendido con claridad por la ciudadanía. La educación quedaba tal cual estaba, pero más legitimada. La LGE era una versión mejorada de la LOCE. El sistema de créditos sólo profundizaba más el modelo. El rediseño era una parodia de rediseño, la transformación era una parodia de una transformación. La solución de Bachelet al conflicto pingüino fue inyectarle legitimidad ritual al sistema, otorgándole algunos años más de rutilante y financiera operación. Los mecanismos de regulación no regularon.
Los bancos y las universidades pasaron a financiarse al carísimo precio de siempre no sólo por las familias, sino además por el Estado (o sea, las familias en forma de IVA). La herida era la misma, pero el dolor era más invisible y difícil de localizar. Pero la elite celebraba. Y su error fue hacer públicos sus festejos. Por eso ya nadie recuerda con cariño ese hermoso día para el sistema político, porque saben que nunca debieron tomarse de las manos y mostrarse como un solo cuerpo.
Hoy todos dan la espalda a esa foto y a las soluciones que flotaron alrededor de ella. Aunque nadie ha pedido perdón, como Huenchumilla con la cuestión mapuche; la vergüenza es prueba suficiente. Pero si bien la foto fue un exceso de confianza, el método sigue siendo válido… al menos es lo que piensan en la Nueva Mayoría. La propuesta de educación gratuita de Michelle Bachelet se inspira en el mismo espíritu: mantener el sistema (todo lo que se pueda) e inyectarle legitimidad (toda la que se pueda). Es decir, conservar el modelo educativo en la medida de lo posible. La crisis es tan mayúscula que ya no basta con inyectar legitimidad ritualmente. De hecho, esa vía para la Nueva Mayoría parece desechada, a tal punto que el cambio de mando fue poco más que la compra de una casa en una notaría. Pero se trata de lo mismo. En este caso, la idea es inyectar legitimidad socialmente, producir una escena suficientemente parecida al deseo de los ciudadanos, una escena que sea irrefutablemente aceptable, sin importar si esconde una falsedad, un absurdo e incluso una crisis futura. Todo vale.
El programa de Michelle Bachelet ofrece básicamente ‘educación gratuita’ en tanto cada persona individual no desembolsará del ingreso del hogar el pago por su educación, avanzándose en esa ruta a seis años plazo. Para eso pide una Reforma Tributaria. Cada institución que cumpla ciertos requisitos (muy básicos) podrá acceder a este régimen. Esto es lo que cada ciudadano sabe y es lo que le importa: la costosa educación chilena remitirá y dejará paso a una educación gratuita. La deuda financiera por educación se irá extinguiendo.
Formalmente, se trata del sueño de los estudiantes y sus familias cumplido por Bachelet, Eyzaguirre y la Nueva Mayoría, no como esa Concertación traidora, como ese (otro) ministro Eyzaguirre bancario, no como esa (otra) Bachelet que dio la espalda a los estudiantes hace ya casi una década. Una cosa muy distinta. Brillante jugada que termina con la guinda de la torta: “Entendemos la marcha como un apoyo al programa”, pronunció Michelle Bachelet, desarticulando la primera escena de sociedad en movimiento que su gobierno sufriría y que, ahora, más bien gozará al verla sin eje, mustia, como una marcha existencialista que reflexiona sobre el alma humana. Sin embargo, la verdad es muy distinta: no es la marcha un apoyo al programa, más bien es el programa una réplica paródica de las demandas de las marchas. Las razones son las siguientes:
El modelo educativo chileno es de subsidio a la demanda. Es decir, hay un mercado educativo con precios en competencia al cual concurren los estudiantes y, en ese marco, van recibiendo apoyo de fondos públicos para subsidiar sus dificultades en el pago o para otorgar créditos, enlazados con los bancos, a los que en ocasiones el Estado concurre para garantizarles la ausencia de riesgo en dichos créditos. Esto es lo que llamamos en general el modelo económico chileno y que se traduce en una educación de mercado, incluso independientemente de si se concede legalmente la posibilidad de lucrar o no. Un modelo de subsidio a la demanda es necesariamente un complemento de fondos públicos para las fallas de mercado que pueda generar la lógica privatizadora de la educación. Por definición, un subsidio a la demanda es un complemento.
Los modelos educativos con educación gratuita universal están basados en subsidios a la oferta, esto es, financiamiento a las instituciones que albergarán grandes masas de estudiantes. Su fundamento es que el bien ‘educación’, cuando se mercantiliza, opera en un escenario con bajísima información confiable para el consumidor (el estudiante no sabe si lo que recibe es de calidad hasta bastante tiempo después de recibirlo). Por eso se busca construir. Normalmente se trata de entidades públicas (estatales o privadas nacidas de acciones ciudadanas, como ocurrió en Chile con la Universidad de Concepción o la Universidad Austral, por ejemplo) o entidades privadas sin grupo controlador y sometidas a estrictos criterios públicos (elecciones de sus autoridades, ausencia de orientaciones ideológicas, por ejemplo). La idea de tener un sistema educativo con gratuidad es sacar a las instituciones del mercado, de hecho, se intenta que colaboren y no compitan. Los economistas saben que ‘ir’ al mercado es caro, que tiene costos de transacción. Las instituciones gastan dinero en cuestiones no educativas cuando están en el mercado: publicidad, por ejemplo. Además, una menor cantidad de universidades con más estudiantes permite grandes economías de escala en infraestructura y bienes básicos, como libros, laboratorios, convenios con proveedores electrónicos de publicaciones, talleres, en fin.
Cuando los estudiantes plantearon la ‘educación gratuita’ y el fin efectivo del lucro en la educación, establecieron una fractura con la visión de Piñera y su criterio de educación como ‘bien de consumo’. La demanda estudiantil y lo que la sociedad piensa cuando habla de una educación en tanto derecho es justamente contar con un sistema educativo que esté ajeno a las dinámicas del mercado. Es la vieja disyuntiva de la ‘educación como derecho’ y la ‘libertad de enseñanza’; la primera, defendida históricamente por quienes (desde distintos bandos políticos) creen en la educación pública y laica; la segunda, defendida históricamente por aquellos que creen en la educación privada y religiosa. Esta vieja querella ha estado siempre en la historia de Chile desde que la Iglesia Católica diagnosticó que la ruta de la educación pública (la Universidad de Chile, por ejemplo) alteraba su control ideológico sobre la sociedad y fundó su propia ruta. Por eso no es raro que en el nombre de la libertad de enseñanza, nacida para dar ‘variedad’ al sistema educativo, prácticamente lo único que haya de diferencia de oferta respecto a los establecimientos públicos sean colegios católicos, universidades confesionales con o sin reconocimiento eclesial y orientaciones intelectuales hacia el emprendimiento, que en realidad son disposiciones actitudinales que no han demostrado tener incidencia en el desarrollo del país, para decir elegantemente que son inútiles. Es decir, se trata de construir inútiles y conversos.
La historia es clara. Esta disyuntiva entre libertad de enseñanza y derecho a la educación tuvo normalmente fuertes triunfos de la educación pública y esa tendencia sufrió una radical transformación en dictadura, donde fue arrasada la estructura organizacional pública y donde el sistema educativo fue convertido en el más privatizado del mundo (uso para este juicio los datos de uno de los principales defensores del modelo educativo, José Joaquín Brunner). Este sistema fracasó al generar una educación de baja calidad y alto precio, con altos niveles de deuda y una estructura operacional irracional. Es lo que estalló en forma de crisis política en 2006 y luego en 2011 (aunque la crisis social es anterior y se mantiene).
Frente a este escenario el gobierno de la Nueva Mayoría se ha pronunciado como solía hacerlo antes de cambiarse el nombre: para hacer tortillas basta el diálogo con los productores de huevos. Por supuesto, siempre se romperá ‘algún huevo’, más conocido como el ‘huevo expiatorio’ (cerrarán un par de universidades), pero sólo con el fin de otorgar apoyo al resto de los productores de huevos. Frente a la educación gratuita o el subsidio a la demanda, la Nueva Mayoría optó por… ambas cosas. En un absurdo de proporciones planetarias, se ha dejado un mercado educativo privado (o con proveedores públicos que son tratados como privados) al que se le ha añadido la pretensión de educación gratuita universal con cargo al Estado. Es decir, es un mercado privado al que le concurre un subsidio para el total de sus precios.
No es fácil encontrar antecedentes en la historia económica del planeta ni del sistema solar. Es carísimo, no tiene economías de escala, es justamente lo que busca evitar la lógica de subsidio a la demanda (evitar pagar toda la educación), es justamente lo que intenta evitar el subsidio a la oferta (hacer un mercado educativo). ¿Qué tiene de bueno? Que formalmente es educación gratuita: nadie se meterá la mano al bolsillo para pagarle a una entidad educativa, a menos que desee hacerlo. ¿Qué tiene de mejor? Los inversionistas privados se sienten felices: un mercado enteramente subsidiado por el Estado, un capitalismo sin riesgo. ¿Qué tiene de mucho mejor? Legitimidad por montones, felicidad en las casas, años más de gracia frente al pueblo, tranquilidad en las calles, paz social para la inversión. El mundo feliz, la verdadera democracia de los acuerdos (eso que la gente cree que es la izquierda con la única derecha importante, que es el empresariado). Una maravilla.
¿Y qué tiene de malo? Primero, que es lo que llamamos “una réplica paródica” de las demandas ciudadanas de ‘educación gratuita’, forma elegante de decir que es como una broma, pero muy cara (llegaremos a tener un gasto en educación de un cuarto o un tercio del presupuesto nacional) y que tiene pretensiones de seriedad (una broma sin conciencia de clase).
En segundo lugar, se trata de gastar enormes sumas de dinero en una reforma al financiamiento que no altera nada sustantivo del sistema educativo que ha fracasado. En rigor, después de esta reforma al financiamiento, aún no habremos hablado ni media palabra de educación como proyecto del país.
La Nueva Mayoría se dirige nuevamente a revivir ese pasado que, aunque la condujo a la crisis de la Concertación, le permitió navegar durante años en medio de las aguas turbulentas de lo social y las aguas demandantes de lo empresarial. Hoy el desafío parece ser más difícil. Pero también han diseñado herramientas superiores dentro de la misma fórmula.  Quizás tengan éxito. Pero eso nunca se sabe. Lo que sí es evidente es que deben recordar una vieja máxima: todo tiene un límite. Se puede pensar como ustedes quieran: operacionalmente, políticamente, éticamente. Sea como sea, todo tiene un límite. Y quizás su exploración ya está demasiado cerca de él.

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