martes, 17 de diciembre de 2013

Brunner, Peña, Bachelet: la educación y la transmutación de lo público

La educación gratuita se aproxima a Chile. Arribará lentamente en la medida que avance el gobierno de la recientemente electa Michelle Bachelet. El retiro creciente de los aranceles universitarios dejará paso al aporte estatal de esos recursos. Pero esta “educación pública, gratuita y de calidad” no será de provisión estatal, no serán establecimientos públicos los que la otorguen. Lejos estamos hoy de la verdadera “educación gratuita” y lejos estaremos en cuatro años más. La calidad, por su lado, será por vía acreditaciones, tal y como se instauró hace ya una década en Chile, bajo el modelo neoliberal. Las universidades serán mayoritariamente privadas y gratuitas, si cumplen ciertos estándares, obteniendo recursos desde el Estado equivalentes a sus aranceles.
Lo que con el Crédito con Aval del Estado fue una práctica cara, ineficiente y de gasto creciente, hoy se transforma en la norma: pagarles a los privados para que hagan lo público. La única diferencia en realidad es que no pagaremos la educación directamente, sino a través del Estado. Esto es lo que nos ha ido aclarando Michelle Bachelet en los últimos días. Y es que para ella una universidad será “pública” (en esta nueva definición) simplemente si cumple fines públicos: extensión e investigación, además de docencia. Y si a eso le suma que no tenga fines de lucro, entonces ya está: estamos en presencia de una universidad pública. Y será de calidad si satisface un proceso de acreditación que, ahora sí que sí, será excelso y limpio. Y seguiremos nadando en el mar del subsidio a la demanda, igual de lejos que antes del subsidio a la oferta.
El movimiento estudiantil pidió educación pública, gratuita y de calidad; Chile estuvo de acuerdo y ahora la Nueva Mayoría viene a cumplir el sueño. Pero para que parezca ‘pública’, aunque no lo sea, ha tenido que transitarse un complicado recorrido, en una historia larga en la que Brunner tuvo una idea, Peña la organizó y Bachelet obtuvo el preciado Grial de la transmutación, que convirtió lo privado en público y la confusión en certeza. Atrás quedó la distinción obvia: que la propiedad privada no puede ser pública, que aunque una institución privada intente aportar al espacio público e incluso aunque lo haga sin otro interés que el aporte al colectivo, todo el proceso nace en una perspectiva que va desde un momento privado hacia la creación de un bien público. De este modo, lo público es un contenido, no un espacio; un proyecto, no un territorio; un objeto, no una lógica.
La historia sobre cómo lo privado devino en público y lo público fue deformado se intenta resumir en los siguientes párrafos. Concentramos la escena en tres nombres que suponen el punto de anudación de este proceso y la escalada hacia el poder que ha permitido que acontezca. La derecha, de cualquier modo, ha sido clave en este ciclo. Ninguno de los nombres aquí mencionados cabe, en todo caso, bajo el rótulo de ‘derechistas’. Y es que el mérito de dicho sector ha sido lograr invadir con su lógica y sus beneficios a la Concertación. Por eso es que no cabe duda que el escenario fundamental ha sido la Concertación, la que propietaria de las imágenes arquetípicas de la izquierda y erguida sobre el bastión moral que ha implicado su oposición a Pinochet, ha logrado desvestir lo público y ponerle las ropas de lo privado. Así, mientras la derecha sufre sus reveses y la izquierda se ilusiona con las transformaciones, la Nueva Mayoría trasviste el corazón conceptual de su propio modelo para poder seguir con aquel que odian tanto que ya es amor, aquel modelo neoliberal que disfrazado de estatismo aparecerá por nuestras vidas como un impostor. La historia es más o menos la siguiente.
Lo que con el Crédito con Aval del Estado fue una práctica cara, ineficiente y de gasto creciente; hoy se transforma en la norma: pagarles a los privados para que hagan lo público. La única diferencia en realidad es que no pagaremos la educación directamente, sino a través del Estado. Esto es lo que nos ha ido aclarando Michelle Bachelet en los últimos días. Y es que para ella una universidad será “pública” (en esta nueva definición) simplemente si cumple fines públicos: extensión e investigación, además de docencia. Y si a eso le suma que no tenga fines de lucro, entonces ya está: estamos en presencia de una universidad pública. Y será de calidad si satisface un proceso de acreditación que, ahora sí que sí, será excelso y limpio. Y seguiremos nadando en el mar del subsidio a la demanda, igual de lejos que antes del subsidio a la oferta.
Corría el mes de octubre del año 2011 y el movimiento estudiantil y su “educación gratuita” más su “No al lucro” eran la agenda del país. La inédita transformación de los temas más relevantes del país sumaba ya varios meses. El principal columnista de El Mercurio, Carlos Peña, no se había referido al tema y había elegido una agenda alternativa. Su silencio, sin embargo, no era sostenible. El tema se hablaba a los gritos y él se mantenía en silencio. Hasta que habló. El 9 de octubre de 2011 Calos Peña publicó la columna dominical “La gratuidad es injusta”. Poco antes, en agosto de ese año, había reunido a sus funcionarios académicos en la Universidad Diego Portales para explicarles lo complicado que resultaba para la UDP el éxito de esta demanda estudiantil. Explicaba que algunas universidades privadas de otro perfil podrían sobrevivir a esta nueva educación, pero no el proyecto de la UDP. Sabía que la institución que rige existe por la jibarización de lo público. Y temía por el futuro.
Pero Carlos Peña no sólo es brillante, sino que además es hábil.  No sólo es experto en estar donde debe, sino además en lograr que se omita donde no debió estar. Lo había demostrado en 2006 cuando fue el Coordinador de la Comisión Marco Regulatorio en el Consejo Asesor Presidencial de la Educación.  Esa instancia tenía como principal objetivo lograr proveer de legitimidad a la exánime institucionalidad educativa
El 1 de octubre de 2006 se señala en El Mercurio: “El abogado Carlos Peña se convirtió en el mediador entre la posición de José Joaquín Brunner y los sectores del mundo social más reacios a sus propuestas”. Esta historia es el punto de origen de una ruta decisiva en la historia político-intelectual de Peña y, según se va viendo, en la educación chilena. La Comisión Marco Regulatorio se había quebrado. El primer documento era “estatista”, según algunos sectores, y Brunner había organizado un informe paralelo, disidente.
Peña se reunió con Brunner y tuvieron una conversación agitada. Pero la reunión terminó con humo blanco. Y desde ese instante en adelante Brunner logró conducir el proceso. Mejor dicho, Peña fue el cuerpo de un espíritu que era Brunner. Se buscó una fórmula de consenso y, por supuesto, dicha fórmula permitió mantener todo en el orden de lo existente. La historia posterior es muy interesante. Desde entonces los caminos de Carlos Peña y J. J. Brunner confluyen rápidamente. El año 2007 publican un libro juntos. Se trata de la obra “La reforma al sistema escolar”, donde Carlos Peña y José Joaquín Brunner ofician de editores y en la que escriben a cuatro manos el texto introductorio. En esa introducción se afirma que la reforma escolar derivada de la movilización pingüina tendrá un gran efecto, tanto por el cambio constitucional como por la creación de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación (como hemos visto, estaban equivocados). Carlos Peña señala que tiene sólo un reparo: es crítico de la prohibición de lucrar en los proyectos educativos. Agrega que aun cuando la experiencia comparada señala que es práctica corriente la prohibición del lucro, en el caso chileno se dan factores para permitirlo.  Recordemos que en esa misma época Carlos Peña fue enfático respecto al lucro en las universidades privadas en una entrevista en radioDuna, conversando con Fernando Villegas, Nicolás Vergara y Héctor Soto. En dicha ocasión señaló que era necesario sincerar la hipocresía del sistema, dado que las universidades eran lucrativas y ello no era un problema. Agregó entonces que su universidad (entonces era vicerrector detrás de Cuadra) evidentemente lucraba y que la prohibición era un anacronismo. Por cierto, esta postura no se parece a la que ha señalado Peña con posterioridad, cuando el 25 de julio de 2012 señala que “es cierto –como se ha repetido una y otra vez– que la expansión de la matrícula universitaria se produjo gracias a la inversión privada… Pero todo ello no fue filantropía, altruismo ni nada que se le parezca. Fue porque la economía política del sistema se organizó de una manera que permitía que los particulares pudieran hacer inversiones accediendo a utilidades iguales o superiores a las que obtendrían en usos alternativos de su dinero. De esa manera –se pensó– el sistema se podría expandir con el mínimo gasto público. ¿Cómo pudo hacerse lo anterior poniendo, al mismo tiempo, en vigencia una regla que prohibía el lucro en las universidades? De una manera muy sencilla. “Salvando las palabras de la ley pero eludiendo su sentido” (Paulo, D. 1.3.29)”. Lo que en un momento es juzgado por Peña como mera hipocresía que debe sincerarse, luego es condenado por él como una hipocresía que vulnera la ley y que debe suponer transformaciones normativas profundas que impidan la existencia de estos subterfugios.
Pero volvamos a los momentos inmediatamente posteriores de la Revolución Pingüina y los informes de la Comisión Asesora Presidencial. Han publicado juntos Brunner y Peña, hasta entonces el primero está en la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero la confluencia no tardará en producirse. José Joaquín Brunner llegará a trabajar a la Universidad Diego Portales, donde se le entrega un espacio con autonomía, alejado del Instituto de Ciencias Sociales, pues el hombre que había augurado la muerte de la sociología podía no ser bien recibido allí donde esa disciplina habitaba.
La labor de Brunner en la UDP se tornará estructurante. Logrará ir proyectando su análisis de época y los métodos que, entiende, son decisivos para articular el modelo educativo que ha fomentado desde hace un par de décadas, cuando dejó de ser el intelectual crítico desde Flacso Chile (la de los 80). ¿Dónde radica la asertividad de Brunner? Brunner se percató tempranamente que la privatización de la educación tenía como límite la noción de lo público, que en la medida que ese concepto no perdiera sus definiciones más taxativas, que en la medida que no se desnaturalizara, el modelo educativo chileno no podría ser al mismo tiempo legítimo y privado. En definitiva, comprendió que para destruir lo público había que corroer los cimientos de su concepto.
En el marco de este esfuerzo, Brunner dijo hace ya más de quince años que la definición de lo público debía ser modificada. Como señala en un artículo de 2005 en la Revista de Sociología de la Universidad de Chile, “todas las universidades son públicas”. En pocas líneas Brunner nos dice que debemos comenzar por el principio de esta historia, pues “desde su nebuloso origen, las universidades –como agentes que proporcionan la formación más avanzada de su tiempo– han sido, todas ellas, públicas por reconocimiento y por efecto” (Número 19, 2005. Pág. 19). Esto lo ha reiterado en el último tiempo cuando señala, en una columna de agosto de 2013: “Dicho en breve, nuestro debate sobre estos asuntos se mueve entre mitos anacrónicos y confusiones ideológico-intelectuales que no nos merecemos. Hemos convertido las disputas sobre lo público-privado dentro del espacio de la Educación Superior –al igual que sobre el lucro, la gratuidad, el Estado y el mercado– en un remedo escolástico de un verdadero debate académico-intelectual y político-cultural. Empleamos estos términos como proyectiles (tigres de papel), en vez de hacernos cargo de su creciente complejidad y de la necesidad que existe de reinterpretarlos a luz de las nuevas dinámicas institucionales y de los profundos cambios que experimentan los sistemas nacionales de educación superior” (“Por una discusión no escolástica”, 9 de julio de 2013, ver en www.brunner.cl).
Pero estas redefiniciones de Brunner no tenían cabida cuando su poder e influencia estaba ya lejos de la operación rutinaria de la Concertación, cuando ya no era ministro ni asesor clave. El encuentro con Carlos Peña cambiaría las cosas. El mismo año 2011 publicarían en conjunto El conflicto de las universidades: entre lo público y lo privado (Ediciones UDP, colección Educación, 2011) y afrontan en dicho documento la pregunta respecto a si las universidades en su origen fueron públicas o privadas. Lo hacen nada menos que el 2011, en una señal potente. Además, se esfuerzan por desmontar las asociaciones entre lo público con lo estatal y de lo extraestatal con lo privado.
Pero esta labor de articular un modelo educativo a la medida de los privados tendrá como inconveniente el enorme oleaje que la movilización social de 2011 generó. Es en este camino donde se encuentra Carlos Peña el 2011 en medio de la desesperación por las movilizaciones. El sistema privado parecía amenazado, pero ese riesgo podría reducirse si aumentaba la confusión entre lo público y lo privado. Es la tabla de salvación de la UDP, pero no sólo eso. Es también la nave en la que se puede navegar por las aguas turbulentas para conquistar nuevas tierras: las tierras de lo público. Peña ha visto esto y el discurso de ampliación informe de lo público domina la escena intelectual de su universidad. En El Otro Modelo (2013), obra donde participan Atria, Couso, Joignant, Benavente y Larraín (donde la institución que predomina es la UDP), se habla de que se ha de pasar del modelo neoliberal al “régimen de lo público”. Pero el régimen de lo público es vago en el libro, básicamente porque se parte de la premisa de que el mercado es neutro, que carece de politicidad en su seno. La operación que termina de producir El otro modelo es la consumación de Brunner transformado en nombres aceptables y gratos al respetable público, incluso al estudiantil. Esa operación no parece ser consciente; de hecho, parece más bien el típico resultado de los procesos de avance de una ideología. Pero ahí está, disponible para Bachelet y la Nueva Mayoría, la confianza de que estos cambios cosméticos son “otro modelo”, la tranquilidad de haber hecho el trabajo intelectual, de tener un manifiesto, un ladrillo, un nuevo texto para los siguientes treinta años. Para ello tiene el sustento de contar con un garante: el Partido Comunista. Y es que este partido tiene el derecho a decir que esto sí es otro modelo, tiene el mérito de no haber estado en los negocios anteriores, de no haber hecho el juego a la derecha, de tener todavía bases sociales en sindicatos y federaciones estudiantiles. El Partido Comunista no sólo hace posible la Nueva Mayoría, sino que es indispensable para borrar el límite entre lo público y lo privado impunemente.
Bachelet ha encontrado una ruta. ¿Cómo hacer pasar la continuidad como cambio, lo cosmético como estructural? Difícil desafío. Sí, pero ha encontrado un camino. Alguien ha pisoteado todas las huellas que distinguían lo público y lo privado, el derecho de propiedad se traslapa con los derechos sociales. Brunner corretea por el límite, devastándolo. Mientras tanto, Peña ve cuántos hermosos páramos se abren a su paso en la medida que las universidades públicas son todas y privada no es ninguna. Michelle Bachelet observa la escena y ve que ha hecho historia. Chile avanza hacia la educación gratuita. Seguramente se hará preguntas: “¿Es pública?”, “¿es de calidad?”. No tendrá ninguna duda que sí. Ahora ha descubierto que la realidad es más hermosa cuando se puede poner una fábrica de definiciones.

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