miércoles, 7 de agosto de 2013

Lo que quedó de la Ley Hinzpeter


Sebastián Piñera llegó al gobierno prometiendo el “fin de la fiesta para los delincuentes” y el “fin de la puerta giratoria” respondiendo a una de las principales preocupaciones ciudadanas: la inseguridad ciudadana.  La percepción ciudadana que la delincuencia (es decir lanzazos, robos, asaltos y hurtos) están en aumento y que la respuesta pública es limitada cuando no ineficiente era una realidad que la campaña electora supo aprovechar.
Poco o nada había en el programa de gobierno sobre los problemas de orden público, ya que las manifestaciones de violencia callejera en el marco de movilizaciones sociales no estaba en la agenda. De hecho durante el gobierno de Bachelet se aumentaron las penas de forma considerable a aquellos que atentaran contra carabineros en el marco de la aprobación de una agenda corta que incluyó endurecimiento de penas para diversos delitos, ampliación de facultades de la policía, entre otras medidas.

La criminalidadLos datos de la encuesta de victimizaciónmuestra que en términos de victimización el país está mejor ahora que hace unos tres años atrás pero en el largo aliento los niveles de victimización se mantienen en un rango cercano.  Cuando los datos han sido positivos la interpretación fue que las políticas de gobierno están funcionando y se está ganando la batalla de la delincuencia. Cuando fueron negativos se ensayó decir que era culpa de las marchas por que los efectivos policiales estaban ocupados y otros argumentos creativos. La verdad es que no sabemos bien el motivo de los cambios pero es claro que la criminalidad viene mutando, que hay fenómenos de localización del delito del que no nos hemos hecho cargo, que la desigualdad del servicio policial y de justicia es enorme.
El desorden público:  Todos hemos visto con reprobación los hechos de vandalismo y violencia que pequeños grupos realizan en espacios concretos vinculados a las marchas callejeras. En especial ha llamado la atención de todos la violencia con la que se enfrentan a Carabineros, ladestrucción de infraestructura pública y privada. Grupos que no salen de forma espontánea, que no aparecen de forma organizada en ningún otro espacio, que no tienen vinculación directa con los organizadores de las marchas y que parecen expresar una frustración, rechazo, desgano y rabia frente al llamado “sistema”.  Lamentablemente, mientras en otras realidades como en Inglaterra y Francia los gobiernos rápidamente llamaron a las universidades y expertos para tratar de entender estos fenómenos en su complejidad social acá rápidamente se concluyó que son criminales, delincuentes, desadaptados.
Retomando la práctica electoral de los inicios, la Alianza y en ese momento el Ministro Hinzpeter propuso una ley anti encapuchados. Prácticamente nada de lo propuesto en esta ley implica un cambio en lo que hoy pueden hacer los funcionarios policiales y tampoco nada de lo propuesto asegura una mayor efectividad para asegurar el orden público. Pero fue la forma como el gobierno trató de mostrar que algo se hacía para enfrentar un problema grave y evidente.  Una ley más de orden público que se suma a muchas otras que caracterizan el populismo penal en el que vivimos.
La tragedia ocurrida en Macul donde un suboficial de Carabineros fue asesinado por un delincuente que armado pretendía realizar un robo, fue el escenario escogido por el gobierno para generar una división antojadiza entre los que apoyan a Carabineros y los que están con los criminales. El Presidente y el Ministro del Interior solicitaron la aprobación de la Ley Hinzpeterpara asegurar que estos hechos no se repitan y se pueda continuar con la lucha contra el delito. Dos alternativas pírricas: o no saben la diferencia entre crimen y orden público o trataron de utilizar el dolor de todos los chilenos para aprobar una ley ya considerada emblemática.
Esperemos que sea desconocimiento.
Paradojalmente estas mismas declaraciones generaron un debate que hasta ese momento había estado ausente. No hay que perder de vista que el populismo penal no es exclusividad de un solo bloque político. Debate marcado por un retroceso en la forma como definimos políticas públicas de seguridad, es decir generalizando, confundiendo términos, regresando a la dicotomía entre libertad y seguridad, culpando a los otros por lo que pueda pasar, en fin un debate con muy poco de técnica.
Al parecer nadie quiso estar en el supuesto bando de los que no apoyan a carabineros y quedamos en el peor de los mundos:  se aprobó la ley pero no la mayoría de sus artículos. Es decir seguiremos viendo un entrampado debate de posiciones electorales que poco o nada ayudaran al combate efectivo contra la delincuencia o a la definición de los mejores mecanismos para asegurar el orden público.
Así, tenemos ley (sin artículos) pero queda la sensación que hemos avanzado poco en solucionar los problemas de verdad.Una muestra más que gobernar es mucho más de definir estrategias y políticas y mucho menos de buenos slogans comunicacionales.

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