martes, 27 de agosto de 2013

La profesión docente bajo sospecha

La publicación, hace unos días, en diferentes medios, de los bajos puntajes en la prueba Inicia —rendida por sólo el 14% de los estudiantes habilitados— se sumaba al diagnóstico consensuado de un sistema de formación de profesores con una expansión inorgánica, con muchas instituciones no acreditadas y de muy desigual calidad. Con estos antecedentes, se apresuró la decisión política de enviar al Parlamento una “indicación sustitutiva” que reemplaza “íntegramente” el proyecto de ley que establecía un sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal. Este gesto político, sin embargo, se encuentra lejos de crear una ley de carrera profesional propiamente tal, como se ha pretendido, pues ni significa un mejoramiento en las condiciones de trabajo del profesorado ni un fortalecimiento de su profesionalización.
La nueva propuesta hace obligatorio y habilitante un examen inicial para el ingreso al sistema subvencionado. Medirá “conocimientos y habilidades disciplinarias”, y no procesos pedagógicos fundamentalesdel trabajo docente. Por otro lado, creará el “Reconocimiento de Excelencia Pedagógica Inicial”, un mecanismo basado en incentivos monetarios que parecen atractivos para los profesores nuevos que ingresan al sistema, con puntajes y/o notas de selección, y que se otorgarán solamente por cuatro años. Por último, y quizás es lo más grave y profundo de estas nuevas indicaciones, es que el proyecto de ley valoriza la profesión docente como algo que cualquiera puede hacer.Para rendir el examen habilitante no se requiere, exclusivamente, tener título de profesor.
Esta medida no puede sino hacer sentir a los actores de la educación, y la sociedad chilena en general, que la profesión docente se encuentra gravemente desvalorizada y amenazada.
En primer término, porque las responsabilidades del Estado de la precaria formación que entregan algunas carreras de pedagogías no debiera derivarse a sus estudiantes (al deshabilitarlo para ingresar al sistema si ha obtenido una baja puntuación en el examen) ni a sus familias (que se han endeudado para pagar una carrera que no sirve para ejercer en el sistema escolar). El verdadero problema es la desregulación de la carrera docente y la existencia de centros de formación de profesores no acreditados. En segundo lugar, el proyecto de ley propone una concepción de docente como un sujeto al que se le premia, castiga y clasifica en las diferentes etapas de su formación y según los resultados que vaya obteniendo en su trayectoria formativa y laboral, lo que lejos de fortalecer la profesión docente promoverá una odiosa competencia por los incentivos y la disolución de la comunidad educativa. Por último, el proyecto, tal cual se plantea, atenta contra la esencia de la profesión docente, al considerar que cualquier profesional que apruebe el examen tiene las condiciones para realizar clases en el sistema subvencionado.
En síntesis, el actual proyecto, decidido sin la participación de los y las docentes, consolida un modelo de profesor técnico sin control de su proceso de trabajo, ni verdadera autonomía profesional, dejando en evidencia un sentido común basado en la idea de que la pedagogía sólo requiere “vocación” y no conocimientos específicos. Esto explicaría la tendencia progresiva en la política académica y pública a reducir lo pedagógico y lo didáctico a algo meramente técnico, subvalorando la complejidad e importancia de la intersubjetividad, la reflexión crítica y la potenciación de la actividad investigativa implicada en la relación pedagógica.

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