jueves, 29 de agosto de 2013

El SIMCE un problema político

La discusión sobre el ranking propuesto por la Agencia de la Calidad para clasificar escuelas ha dado lugar a una pública conversación técnica que versa sobre la mejor metodología… para clasificar escuelas. Ambos bandos de la discusión técnica se pierden en buscar un modelo de optimización para la focalización de recursos en torno a la “calidad” educativa, evaluando cómo el ranking puede o no controlar por las características de los estudiantes y sus hogares.
Esta discusión pública se mantiene en los marcos de posibilidad del estado subsidiario. La educación como derecho, demanda de los estudiantes y movimientos sociales, invita a imaginar un marco de referencia que salga del estado subsidiario. Y por eso, la discusión técnica sobre el SIMCE parece alejada de las demandas estudiantiles y sociales hoy. Pero es central, no tanto por razones técnicas, sino que por razones políticas.
La evaluación educacional no es el patrimonio de las ideologías. Pero el SIMCE, nuestro SIMCE, sí lo es. Lo es porque nace en dictadura, porque se usa como indicador de mercado, y porque es un instrumento del modelo estatal subsidiario construido por Jaime Guzmán en la constitución. Y por ello es que es necesario considerar su rol político en el ámbito de los conflictos sociales de hoy en día. Lamentablemente, más allá de los esfuerzos serios del Colegio de Profesores y algunos investigadores, hay muy poca reflexión sobre los efectos opresivos del SIMCE en el modelo educacional y sus actores. Lo que hay es una naturalización del SIMCE como juicio de calidad educativa, como sello de un “producto de calidad”. Este año 2013 se aplicarán 15 pruebas, y se planea realizar 17 el próximo, entre segundo básico y segundo medio. 
Sabemos que las escuelas reducen sus horas disciplinares para enfocarse en el SIMCE, que someten a sus estudiantes a entrenamientos o reforzamientos para que den una buena prueba, que seleccionan estudiantes que predictivamente le darán un buen promedio SIMCE, que los profesores pueden recibir incentivos económicos por subir puntajes SIMCE, que las horas de la jornada escolar completa también se transforman en reforzamientos, que se reduce la amplitud curricular en pos de subir puntajes, que se sugiere que los niños con bajo SIMCE no asistan a rendir la prueba.
Todo el enfoque en la competencia por resultados se da en una carrera por subir el puntaje SIMCE. A los expertos en evaluación no debería escapárseles el hecho de que la competencia por resultados es un vicio que le quita validez técnica al instrumento. Esa competencia también implica un elemento político: el control a distancia del currículo escolar. La tan mentada “libertad de enseñanza” que defiende la derecha no es tal en cuanto de facto se establece un mecanismo estatista de control.
Hay que eliminar el SIMCE. Su historia y condición actual lo hace ineficiente, opresivo, e inválido. Y por cierto que el ranking propuesto para “orientar” la eficiencia del estado subsidiario lo pone en la vereda contraria al derecho a la educación.

Algún escéptico dirá que el problema no es el instrumento, sino el cómo se usa. A ellos les diríamos que el SIMCE está ligado indisolublemente a cómo se usa. Pero, “¿cómo medimos entonces?” se preguntarán quienes se preocupan de comparar la calidad educativa. Pues bien, incluso con la tan mentada libertad de enseñanza podríamos imaginarnos la libertad evaluativa.
Proponemos pensar la educación desde la perspectiva de la autonomía política de las comunidades escolares y sociales que se arman en torno a las escuelas. El diálogo democrático en el seno de localidades y territorios bien podría servir como generador de criterios para decidir cómo juzgar la calidad, y de paso qué evaluar y qué medir. El conocimiento técnico de evaluadores, sociólogos y economistas podría ponerse al servicio de las prioridades comunitarias, y de paso impulsar la creatividad intelectual y disciplinar para darle un horizonte de posibilidad al rol de la evaluación cuando se persigue la educación como derecho. De este modo, la actividad intelectual docente puede pensarse más allá de obtener un número en el SIMCE, y su valoración social se reforzaría no por un incentivo mercantil, sino con la confianza comunitaria, traducida en autonomía profesional. Los jóvenes y niños que hoy padecen las presiones por competir para un puntaje podrían enriquecer su experiencia escolar y participar en cómo ésta se desarrolla.
Es necesario un cambio de paradigma, en la evaluación, en la enseñanza, en el derecho, en las instituciones. No se ve hoy en día un principio orientador de la evaluación que haya considerado los procesos democráticos abiertos, descentralizados, y locales. La experiencia escolar podría, en base a principios definidos por comunidades territoriales locales en interacción con la comunidad nacional, ofrecer a niños, niñas y jóvenes las experiencias de aprendizaje que respondan a las prioridades de sus comunidades, y que reconozcan su conocimiento y saberes acumulados. Eso requiere una tarea reconstructiva de las instituciones, y la promoción de una democracia radical. 

El SIMCE y cualquier clasificación de escuelas en base a éste, con todos sus arreglos técnicos, no ofrece posibilidades de imaginar una escolaridad más democrática, y por ende una vida social más armónica e integrada. El SIMCE de hoy es una traba para cualquier proyecto democratizador y que piense a la educación como derecho. La pregunta no es entonces “¿cómo se mide?” La pregunta es “¿cómo la evaluación educativa promueve una democracia más profunda?”.

¿Nos atrevemos a hacer algo distinto al SIMCE?

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