viernes, 19 de julio de 2013

La privatización de los hospitales

Un nueva amenaza a la salud pública está latente: el proyecto de ley que crea los hospitales clínicos y que incluye en esta figura a los nuevos hospitales de Maipú y La Florida —los primeros hospitales concesionados del país—, en trámite desde 2012, fue votado y rechazado, por una estrecha votación, la semana pasada en la Cámara de Diputados, y enviado para tercer trámite constitucional al Senado.
Con la razonable consigna de la necesidad de incorporar sistemas de gestión en base a resultados y objetivos sanitarios el Ministerio de Salud busca dejar en los últimos meses de gobierno amarrado la agenda legislativa y financiera del sector hospitalario del país, y la forma de funcionamiento del sector.
La nueva propuesta, se basa en la experiencia de los establecimientos Experimentales, Hospital Padre Hurtado, Centro de Referencia Secundaria (CRS) Maipú y CRS Cordillera, y los 57 Establecimientos Autogestionados en el país, proponiendo ampliar aún más sus facultades.
Hoy de los 57 centros autogestionados existentes en el país, solo 36 funcionarían correctamente, según la evaluación realizada por el Ministerio de Salud pese a que el mayor argumento para su creación fue el salto en la gestión. Respecto a los establecimientos experimentales incluso el informe de evaluación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda es claro en establecer que en materia de la asignación de recursos, no habría una diferencia significativa entre los establecimientos experimentales y los tradicionales, es decir no había ahorro para el Estado, y aunque muestra mejoras en la flexibilización de la organización interna el informe es claro en señalar que las condiciones laborales para los trabajadores son peores, incluyendo el tema de la remuneración respecto a los demás establecimientos del sistema nacional de salud, lo que evidentemente precariza el sistema. Por último, no menos interesante es el aspecto referente a que tampoco se evidencian mejorías respecto a la percepción de los usuarios de este tipo de establecimiento en la atención de salud.
Esto inmediatamente hace surgir la interrogante respecto a cuál es el trasfondo de profundizar esta vía que aún está en proceso de evaluación, y que incluso ha dado resultados cuestionables.
La respuesta es ideológica: la convicción por parte del Ministerio de Salud, que los Hospitales Públicos son ineficientes, y se deben acercar más al modelo que ejercen las clínicas privadas, y el consecuente debilitamiento estatal.
Para esto, ahora cada Hospital Clínico contaría con personalidad jurídica propia, y sería dueño de su propio patrimonio, distinto de los 29 Servicios de Salud que contemplan a las distintas comunas del país, dependiendo del nivel central sólo en materia programática. Se amplían las atribuciones del director del establecimiento, pasando a ser un Director Ejecutivo, que podría tomar la decisión incluso respecto a la conveniencia de comprar externamente servicios de salud al sector privado, fueran estas o no instituciones con fines de lucro.
El proyecto busca instaurar, a su vez, un nuevo reglamento para el personal y su dotación, que sería determinada ahora mediante delegación del Presidente de la República de turno, lo que excedería las atribuciones del marco legal nacional, mediante un sistema de horas de trabajo precarizando los contratos y la seguridad social. A su vez al contar cada centro con personalidad jurídica, derechos laborales adquiridos o negociados por un centro, pudieran no ser extrapolables a otros, lo que dificultaría la negociación colectiva de los trabajadores públicos de salud, con una especie de multirut estatal. Lo que se condice con la política aplicada a las becas de formación de especialistas como señalara en una columna previa en este mismo medio.
El proyecto tampoco deja claro aún cuál será el costo fiscal para cada establecimiento, ni tampoco precisa qué entiende por un financiamiento en base a resultados en un elemento tan dinámico como la salud. No obstante, el Ministerio de Salud busca impulsar una política de 15 nuevos hospitales con estas características, que sean aprobados antes del término del actual gobierno.
La necesidad de ver la Salud como derecho, donde el Estado toma parte del bien común como fue en su inicio con el Sistema Nacional de Salud, velando de forma coordinada por la salud global de la población, se ve hoy en claro riesgo, hecho preocupante si pensamos que este es el sistema que alberga al 80 % de la población, y sin duda la única alternativa para la población más vulnerable del país. La decisión que pretende impulsar la actual administración podría dar un golpe que determinará los próximos 20 años de agenda hospitalaria, y profundizara aún más la agenda tendiente a la privatización de la salud.

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