miércoles, 26 de junio de 2013

Entre Taksim, Sao Paulo y Santiago: Hacia un Estado de Máxima Seguridad

La policía en acción

No son las ciudades del tour de un extravagante y caro concierto de algún artista inglés ni de alguna gira presidencial de un presidente europeo. En Sao Paulo, la jornada del 13 de junio dejó 55 heridos, incluyendo estudiantes que recibieron el impacto de bombas lacrimógenas y periodistas que fueron heridos por balines de goma en el rostro mientras cubrían los enfrentamientos derivados de las protestas contra el alza en el transporte público.

En Santiago, una nueva jornada de protestas el mismo 13 de junio dejó un saldo de 324 detenidos y 74 lesionados, destacando la golpiza por parte de la policía que recibió el presidente del Liceo Barros Borgoño, el joven de 16 años Patricio Aguilera, quien fue arrastrado inconsciente. El mismo día, se registró la invasión de la Casa Central de la Universidad de Chile –la cual era ocupada por los estudiantes-, hecho catalogado por el rector Víctor Pérez como una vejación a la autonomía de la primera universidad del país –y que sólo había sido ocupada por Carabineros en dos ocasiones anteriores en la historia de Chile, durante las dictaduras de Ibáñez y Pinochet-.  

En otro lugar del mundo las noches desde hace dos semanas se han transformado en campos de batalla. Campamentos de familias y muchos jóvenes se han opuesto a la destrucción del parque Gizi (Taksim, Turquía), lo cual culminó con un ultimátum del Primer Ministro Receo Tayyip Erdogan para el 16 de junio, pero ejecutado un día antes. La policía utilizó los carros lanza agua, gases lacrimógenos y balines de goma. La preocupación por los derechos humanos hizo que varios médicos y abogados visitaran las carpas instaladas en la plaza, sin embargo en la noche del 11 al 12 de junio 72 abogados fueron detenidos por la policía, mientras en el último asalto de la policía del 15 de junio los médicos voluntarios fueron blancos de las bombas lacrimógenas. Hasta ahora las protestas en Turquía dejan cuatro muertos y más de 5000 heridos. Y los hechos continúan.

Ya en el Informe 2012 de Amnistía Internacional sobre “El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, se consignaba una larga lista de países donde sus policías han actuado en la represión violenta de las protestas populares. Los casos más graves se reportaron en: Angola, Azeribaiyán, Bielorrusia, Brasil, Burkina Faso, El Salvador, España, Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, Indonesia, Liberia, Mauritania, Malawi, Nigeria, República Dominicana, Rusia, Senegal, Sierra Leona, Sudán y Venezuela. En algunos de estos países las fuerzas policiales fueron reforzadas por militares. Las muertes, las detenciones arbitrarias, el uso de municiones reales, torturas, discriminación y corrupción son partes de las problemáticas intervenciones de las fuerzas de orden que recoge el informe. En el caso de Chile, se incluyeron las palizas y amenazas de violencia sexual a estudiantes por parte de la policía. Estados Unidos fue mencionado a propósito de la muerte de 43 personas por descargas de armas Taser, mientras se denunció el lanzamiento indiscriminado de gas lacrimógeno, el uso de bolsas de perdigones, pulverizadores de pimienta y granadas de aturdimiento, como también de porras en Oakland, Tulsa y Seattle en manifestaciones del movimiento Occupy Wall Street. Brasil por su parte fue escenario de prácticas policiacas caracterizadas por discriminación, abusos contra los derechos humanos, corrupción y operaciones al estilo militar, destacando la muerte de 804 personas en situaciones denominadas “actos de resistencia” en Sao Paulo y Río de Janeiro. Mientras tanto en Turquía la policía recurrió a la fuerza excesiva para enfrentar las movilizaciones de las elecciones de junio de 2011, usando gas pimienta, cañones de agua y balas de plástico, además del uso sistemático de porras para golpear a los manifestantes.

Por su parte el Instituto de Derechos Humanos de Chile concluyó en 2012 que, en el contexto de la actuación de las fuerzas de orden y seguridad en las protestas estudiantiles,  pese a avances relativos a la puesta de cámaras en los vehículos policiales o el aumento de la distancia entre manifestantes y fuerzas de orden y seguridad, aún se registran: a) controles de identidad y detenciones arbitrarias e injustificadas a jóvenes que asisten a convocatorias a las marchas; b) el uso indiscriminado y desproporcionado de medios disuasivos; c) casos graves de malos tratos y abusos policiales; d) maltrato a reporteros; e) falta de diferenciación entre quienes protestan pacíficamente de aquellos que no, vulnerándose en definitiva el derecho a reunión y libertad de expresión; f) alta frecuencia e intensidad de denuncias de malos tratos en el lapso entre la detención y el ingreso a las unidades policiales; g) falta de identificación visible de Carabineros; h) vacíos legales para llevar a cabo denuncias contra oficiales de la Policía; i) falta de información a familiares y abogados sobre las personas detenidas; j) aplicación injustificada de procedimientos vejatorios, como es el desnudar a los jóvenes –hombres y mujeres-.

En ninguno de los países mencionados estos casos representan excepciones, sino que ellos aparecen con cierta recurrencia, aunque la prensa tienda a no cubrir las denuncias.

El terrorismo y los violentistas

La hegemonía de la violencia en su versión “legítima” está alojada en el Estado. El Contrato Social ha legitimado que el uso de la violencia pueda ser sólo ejercida por el Estado, el cual en su evolución creó los organismos de orden público para proteger a la ciudadanía de Tánatos, aquel impulso que busca la satisfacción de los deseos individuales a través de cualquier medio –incluso de la aniquilación del oponente- y que marca el predominio de los instintos del más fuerte. Pero Tánatos se hizo presente con toda su furia en el mediático atentado a la Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, impactando al mundo con la destrucción apocalíptica del concreto que sepultó a 3017 personas. George Bush, invocando a la Biblia y la defensa de la patria y la justicia, declaraba entonces:

“La búsqueda está en curso para los que estén detrás de estos actos malvados. He dado instrucciones a todos los servicios de inteligencia y de las comunidades del orden público para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. No haremos distinción entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los protegen” (George W. Bush, discurso del 11 de septiembre de 2001)

El resultado de las políticas iniciadas desde aquel gobierno republicano ha implicado la muerte de más de 110 mil personas en las guerras de Afganistán e Iraq. Desde 2001 observamos la irrupción de una suerte de Estado de excepción permanente, que ha colocado a los instrumentos democráticos entre paréntesis. Podemos ejemplificar con dos hechos el intento por comprender la amplitud que ha alcanzado esta suspensión de derechos.

Un primer ejemplo, corresponde a las causas esgrimidas por el mismo Bush para entrar en la Guerra de Iraq en 2003, las cuales parece haber salido del uso de los Pre-Cogs de Minority Report y sus habilidades para predecir crímenes. Según el ex Presidente de Estados Unidos Iraq contaba con armas de destrucción masiva, las cuales podían ser usadas en futuros actos terroristas. Se inventó entonces el concepto de “Guerra Preventiva”. La invasión estadounidense fue defendida como un acto de defensa de la democracia para lo cual era esencial derribar a Saddam Hussein. Mientras Hussein terminó condenado a la horca, las armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas, y presidentes como el español José María Aznar debieron dar explicaciones públicas a sus pueblos por el haberlos llevado a un guerra artificial. Esta situación instaló un precedente relevante, se podía invadir un país simplemente manejando la información y desarrollando una campaña publicitaria ad-hoc.

Por otra parte, el centro de detención de Guantánamo ha alojado desde 2002 a más de 800 personas –afganos, paquistaníes y de otras 39 nacionalidades- en calidad de “combatientes enemigos ilegales”, denominación bajo la cual se evita respetar los derechos humanos de los “prisioneros de guerra”, condición que sí se enmarca dentro de la Convención de Ginebra. Así, los tribunales estadounidenses se han declarado incompetentes para tratar las demandas de llevar a cabo juicios civiles para los detenidos, mientras las promesas electorales de Barack Obama para el cierre de la cárcel no han sido acogidos por el Congreso Nacional, el cual persiste en mantener este recinto, donde se practican métodos de tortura como la deprivación sensorial y el confinamiento en celdas individuales por 22 horas diarias. Entre 2002 y 2009 el Departamento de Defensa de Estados Unidos gastó más de U$2 billones de dólares en mantener esta cárcel.

De esta forma se construyó el rostro de un enemigo de nuevas características. Un enemigo anónimo, progresivamente sin una nacionalidad específica, peligroso por su desapego a la vida y a la democracia. Poseer una concentración mayor de “terroristas” podía justificar que la intervención pasase de una persecución de actos fanáticos individuales a la invasión militar de regiones o países. ¿Pruebas? Nunca se han necesitado muchas.

El control de las fronteras y aeropuertos se ha endurecido, violando muchas veces la dignidad e intimidad de quienes han sido catalogados como sospechosos. El libre tránsito y reunión de las personas ha sido un derecho internacional suspendido, quedando sujeto a la inspección de las agencias de seguridad. Más tarde, las políticas de inmigración escogida promovidas con pompa por gobiernos como el del ex Presidente francés Nicolás Sarkozy desde 2007 han reforzado este bloqueo, afectando fundamentalmente a ciudadanos/as de los países del Sur del globo.

Este análisis macro-social se replica en la cotidianeidad de nuestros pasos. Basta con analizar los hechos acaecidos en Santiago (Chile) desde 2006, cuando los estudiantes de las escuelas secundarias salieron a las calles a protestar. Las marchas masivas de niños y jóvenes contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza –promulgada por la Junta Militar en 1990- provocó una dura reacción del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que no dudó en aplicar el primer paso de la negociación: la represión policial. Se detuvo a estudiantes menores de edad y se desalojaron las escuelas ocupadas. Mientras tanto, las autoridades de las escuelas y alcaldes tomaron la decisión de expulsar masivamente a los estudiantes que habían ocupado las escuelas. La criminalización de la protesta continuó el año 2007 cuando se aprobó en el Congreso Nacional de Chile la Ley 20.084 de responsabilidad juvenil, la que permitió la penalización y reclusión de adolescentes de entre 14 a 18 años, contraviniendo las disposiciones promovidas por la UNICEF. Así, en Chile se construyó un símil del terrorista que en algún momento fue denominado de “anarquista” bajo el gobierno de Bachelet, y “violentista” en el actual gobierno de Sebastián Piñera. La mayoría de ellos/as son adolescentes detenidos con o sin pruebas. La omnipresencia de este enemigo público ha hecho que se hayan producido desde 2006 polémicos allanamientos a propiedades privadas y detenciones de jóvenes okupas. Nuevamente no se han necesitado muchas pruebas.

Las autoridades políticas insisten que el aumento de los controles de todo tipo tiene, paradojalmente, el objetivo de mejorar la expresión libre y democrática de la sociedad. Los más de 700 detenidos en 2011 en el puente de Brooklyn en Nueva York, los más de 120 heridos en el desalojo por razones higiénicas de la Plaza de Cataluña en 2011,  o los 16 muertos en las movilizaciones en Egipto en 2013, son prueba del particular rol de protección que han adquirido las fuerzas policiales con patrocinio del poder político.

El gasto en la armada policiaca

El gasto en “material antidisturbios y equipamientos específicos de protección y defensa” de España aumentó 18,8 veces en 2013 en relación al 2012 –llegando a 3,26 millones de euros-, incluyendo artificios fumígenos y lacrimógenos y 20 mil chalecos antibala. En la nota del 30 de octubre de 2012 de El Mundo se detalló el costo de cada unidad de equipamiento: 517 euros los escudos antibala, 389 euros los chalecos antibala, 140 euros cada escudo antidisturbios transparente, 300 euros los chalecos antigolpes, 296 euros las máscaras de protección respiratoria, 27,9 euros los artificios lacrimógenos, y 90 céntimos de euro las balas de goma. Destaca que este enorme aumento haya ocurrido en un contexto de recortes masivos en todos los sectores sociales en 2012, especialmente educación y salud – 3 mil millones y 7 millones de euros en recortes respectivamente-.

En Chile, en el mismo año 2012 el país adquirió 10 nuevos carros lanza agua, lo cual significó un desembolso de 6,4 millones de dólares. Además, el presupuesto 2013 del país consideró la incorporación de 2000 nuevos Carabineros y 2000 nuevos oficiales para la Policía de Investigaciones, para alcanzar la meta de 10 mil nuevos agentes fijada por el Presidente Sebastián Piñera para sus cuatro años de mandato. Si bien en el gobierno de Piñera se ha registrado un aumento considerable en el gasto en educación –un 9,4% más que en 2012-, esto ocurre en un contexto de degradación del sistema público, el cual a comienzos del 2011 cerró 146 escuelas -en el mismo período se abrieron 82 escuelas privadas-, llegando a un nivel histórico de privatización, alcanzando cerca de un 60% de la educación escolar, mientras la educación superior continúa totalmente privatizada.

Las acciones de la policía, poder judicial, autoridades políticas y medios de comunicación se han articulado para proscribir las protestas sociales, lanzándolas a los márgenes de las acciones delincuenciales o terroristas. No es casual que tanto en España como en Turquía se haya apelado a la “higiene” para desalojar las ocupaciones de las plazas de Cataluña y Gizi. La  limpieza supone ejercer el poder público –o la violencia legítima- para eliminar las manchas a la imagen país, supeditada a los vaivenes de los inversionistas que buscan que sus capitales rindan en contextos de “seguridad”.

La ocupación de la plaza pública se transforma en una especie de resistencia a la intervención capitalista que busca privatizar los espacios públicos y las subjetividades.

La Tolerancia Cero

Mientras Neil Armstrong comunicaba al mundo que su descenso en la luna era un pequeño paso para él, pero un gran salto para la humanidad, en la tierra, el Profesor Phillip Zimbardo de la Universidad de Standford llevó a cabo un experimento de psicología social en dos puntos de Estados Unidos. Colocó dos automóviles de las mismas características en dos zonas socioeconómicamente opuestas: el Bronx (Nueva York) y Palo Alto (California). Mientras el auto localizado en una de las zonas conflictivas de Nueva York era desmantelado a las pocas horas de ser abandonado, el de Palo Alto siguió intacto durante una semana, momento en que los investigadores decidieron romper uno de los vidrios. El vidrio roto desató el mismo proceso delictivo que el del automóvil del Bronx. Esta Teoría de los Vidrios Rotos fue la que justificó hace 20 años la política de Tolerancia Cero del alcalde de Nueva York Rudolph Giulani. Esta política significó perseguir y castigar fuertemente acciones como la realización de graffiti, la mendicidad, el trabajo sexual, actividades que podrían ser interpretadas como el “vidrio roto”, transmitiendo al resto de la sociedad una sensación de descontrol, incitando la escalada delictual. Giuliani avanzó, según el académico de la Universidad de Chicago Bernard Harcour, en la perspectiva de dicotomizar la ciudad en dos grupos: los obedientes seguidores de la ley, y los criminales potenciales quienes al ser identificados debían ser perseguidos por la policía, vigilados, observados, desplazados y controlados.  La aplicación de la Tolerancia Cero significó una baja de la criminalidad, sin embargo ello se hizo criminalizando por adelantado según clase socioeconómica, raza o etnia, y género. Para los años 2009-2010 la ciudad de Nueva York gastó más de 727 millones de dólares en su Policía.

Sonría lo estamos grabando. La vigilancia permanente en aras de la seguridad se ha transformado en una herramienta perfecta de control. Dispositivos como los circuitos cerrados de televisión, los botones de pánico, los guardias privados, la burocratización de las entradas y salidas de edificios públicos y privados, no han generado una baja en la sensación de inseguridad. El miedo al otro y la pérdida de confianza parecen ser el principal logro de esta búsqueda de la eliminación de los sospechosos.

Y la Tolerancia Cero se traslada al manejo de las protestas. Mientras en Sao Paulo la policía intervenía en las protestas contra el alza de la locomoción colectiva, algunos transeúntes exigían a la policía motorizada que atropellara a los manifestantes. ¿Dónde podemos localizar la razón de la búsqueda compulsiva del orden, y su expresión más radical, el ejercicio de la violencia estatal?

El neoliberalismo supone justamente un rol protagónico de la policía. Junto al debilitamiento de la intervención del Estado en las áreas sociales, ellos deben al mismo tiempo  adoptar políticas que incrementen su poder de vigilancia y control. Estos dos procesos se insertan en una cinta de Moebio.

El neoliberalismo y la policía

La progresiva militarización de las policías nacionales responde a un proceso que podemos adivinar en las lecturas de los neoliberales clásicos como los austriacos Ludwig von Mises y Friederich von Hayek. En su texto de 1927 “Liberalismo según la tradición clásica”, von Mises criticó a los liberales clásicos del Iluminismo ya que defendían una supuesta igualdad entre todos los hombres. Para este economista los hombres son esencialmente desiguales, y por lo tanto ninguna ley puede arrogar un tratamiento en base a esta falsa igualdad. En tanto, von Hayek sostuvo en su “Camino a la servidumbre” de 1944 que el ejercicio de la libertad individual permitiría la competencia –elemento base de una mayor productividad-, la cual necesitaba de tres condiciones: 1) que los agentes en el mercado tengan libertad para vender y comprar a cualquier precio; 2) que todos sean libres para producir, vender y comprar cualquier cosa que sea posible de ser producida y vendida; y 3) que el acceso a las diversas ocupaciones sea factible para todos. Las bases del Estado de derecho para los neoliberales están conformadas por la propiedad privada y la libertad individual, para las cuales se dispondrán las instituciones de orden (o represión) que permitan asegurar la paz social.

La emergencia de una fuerza colectiva pone en riesgo la organización del orden neoliberal. De hecho, a modo de ejemplo, Milton Friedman señala que los sindicatos son grupos de influencia indeseables, ya que tienden a generar desajustes o interferencias en el libre flujo de transacciones individuales. La represión es entendible como un elemento clave del desarrollo de la función estatal de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. La tendencia a privatizar ha implicado abandonar áreas relevantes de la reproducción de las fuerzas productivas: salud, educación y los  recursos medio ambientales, dejándolas prisioneras de la libre circulación mercantil. En tanto, aquellos grupos que han reaccionado contra estas medidas han sido encasillados como blancos de la Tolerancia Cero y remitidos a la mítica construcción del terrorista interno o violentista.

Entonces es comprensible que la primera, y a veces única, respuesta neoliberal a la protesta social –aunque algunos neoliberales se aventuren en catalogar de “abstracción” la existencia de la “sociedad”- esté siendo el aumento de dispositivos de vigilancia, el endurecimiento de las penas a quienes desafíen el poder policial –como es el actual proyecto de ley contra los insultos a la policía en Chile, o la prohibición del uso de máscaras en Chile y Canadá durante las marchas- , y los aumentos de recursos económicos-. De esta forma se genera una doble inmunidad de la Policía: una física asociada al uso de nuevos y sofisticados equipamientos para las batallas callejeras; y  también legal, gracias al aumento en la tipificación de delitos, y a la protección que gozan muchas Policías en las cortes militares.  

Ante los dispositivos de represión y vigilancia, la ciudadanía se ha proveído de algunas herramientas como la incorporación de observadores –cascos azules- en las marchas que testimonian el accionar de las policías. Sin embargo, los medios de comunicación siguen estando de lado del sensacionalismo de los actos delictuales de unos pocos, tergiversando las razones de las protestas, protegiendo por tanto a las autoridades y a las políticas de Estado Mínimo –que son los objetivos últimos de la protesta-. Así los excesos policiales aparecen como justificados ante la focalización y magnificación mediática de la violencia cometida por minorías en las manifestaciones.

Educación para la Tolerancia Cero

A modo de paréntesis interesado, es relevante acotar qué es lo que nuestras nuevas generaciones aprenden en los espacios escolares en este contexto de Estado de Excepción, y cómo se estructura una subjetividad donde la policía tiene un rol protagónico. El modelo de Estados Unidos aparece ilustrativo para comprender las nuevas formas de control de los cuerpos, llegando al extremo de escanear a los niños/as y adolescentes a la entrada de las escuelas. En un país donde la fuerza del lobby de la Asociación Nacional del Rifle obstaculiza cualquier tentativa de atentar contra la “libertad natural” de comercialización y porte de armas, y donde al mismo tiempo se han vivido una especie de ritos anuales macabros de matanzas en las escuelas, se ha optado por no mover las estructuras que producen estas expresiones de violencia. De este modo, se prefiere instalar un detector de metal justo luego de la puerta de entrada, mientras a su lado un policía inspecciona el paso de cada estudiante. Algunas escuelas han llegado aún más lejos, y también han aplicado los procedimientos de Giuliani para generar disciplinas deseadas en base a castigos férreos –y claramente desproporcionados a las faltas cometidas-.

Escuelas de Ohio, Delaware, Rhode Island, Pennsylvania, Baltimore, San Diego y Chicago ya han comenzado a incorporarse a la metodología de la Tolerancia Cero, suspendiendo y expulsando niños/as que no muestren el comportamiento adecuado para el logro de un ambiente positivo y seguro. En 2005, una niña de 11 años fue arrestada en la Fox Chapel Middle School por portar un cuchillo plástico; el mismo año la Policía de St. Petersburg esposó a un niño de cinco años de la Escuela Elemental Fairmount por una rabieta; en 2009 Zachary Christie, un niño de seis años, fue suspendido y enviado a una escuela reformatorio durante 45 días por portar una cuchara, un cuchillo y un tenedor de camping. 

Los policías en las escuelas probablemente sean el último recurso de una sociedad para intentar enfrentar la violencia en un espacio donde por definición  debiese primar la confianza y los instrumentos formativos. La policía en este caso es invocada como una garantía de seguridad –un disciplinamiento externo- a la institución escolar, la cual es relevada de la posibilidad de construirse y constituirse como un espacio de seguridad en sí misma. La policía en las escuelas es entonces el resultado del fracaso y la renuncia de los sistemas escolares en intentar autoregularse.

¿Y qué aprenden los estudiantes de estos dispositivos? Tal vez, que la única forma de estar seguros es la coerción permanente.  

El experimento explota y ¿dónde está el policía?

Volviendo a un análisis político. Ad portas de las elecciones primarias para las presidenciales de fines de año, Chile vive una discusión acalorada acerca de la posibilidad de que emerja una Asamblea Constituyente. Chile ha sido el primer país en experimentar profundamente las políticas neoliberales y con ellas la destrucción de una subjetividad que se reconocía en un colectivo. El corazón de la Constitución firmada por la Junta Militar de 1980 protege la perpetuación de la propiedad privada y el ejercicio de derechos individuales de transacción comercial, sin embargo niega tanto los derechos sociales históricos y como el espacio público como posibilidad de construcción de ciudadanía. La casi perfecta articulación de neoliberalismo y autoritarismo ha significado que sólo después de 30 años emerja la posibilidad de refundación constitucional como un proceso imaginable y deseable. Pese a esta constatación, las fuerzas políticas defensoras del neoliberalismo chileno son transversales dentro de la política oficial, y no han dudado en reprimir desde 2006 cualquier atisbo de restitución de lo público, transformando los deseos o demandas populares en tristes reelaboraciones en el Congreso Nacional a través de leyes amarradas a la lógica del Estado Mínimo.

La policía en las calles y plazas del mundo están revelando la expresión de un deseo acallado por participación y democracia radical o real. Hasta ahora los balines de goma, los carros lanza aguas, las bombas lacrimógenas, las encarcelaciones, las torturas, no han logrado extirpar la voluntad de construirse desde un colectivo de referencia. La policía en las calles y plazas son la expresión de la respuesta monocorde de autoridades que se asfixian en la defensa de los derechos económicos de una minoría.

Mientras tanto las fuerzas de orden enfrentan una esquizofrénica situación: ¿a quién defender? Varios casos de policías que se han negado a actuar en contra de manifestantes en Brasil estos últimos días o que no han efectuado desalojos de propiedades rematadas en España, son prueba de la tensión psicológica de pertenecer al pueblo y al mismo tiempo tener que abstraerse de esa identidad por el uso del uniforme y el respeto a la línea de mando.

En un Estado democrático, realmente democrático, la policía debe proteger al pueblo, y es deber de los pueblos vigilar que la aplicación de la fuerza (violencia) del Estado sea administrada en forma adecuada, respetuosa de la integridad de sus ciudadanos/as. Por ahora, las policías parecen estar siendo más fieles a los mandatos de autoridades que pretenden sofocar a cualquier costo la libre expresión y exigencia democrática de sus pueblos. La excusa de la “limpieza” de las plazas esgrimida por las autoridades de Nueva York, Barcelona o Taksim probablemente tome otro rumbo. La “limpieza” de las manos desnudas de la protesta social busca ascender a posiciones de autoridad, para desde allí recuperar la voluntad constituyente, extraviada en las manos del 1%.

Por Jorge Inzunza H.
Psicólogo U. de Chile, Doctorando en Educación UNICAMP (Brasil)

Referencias
-          Amnistía Internacional (2012). Informe 2012 Amnistía Internacional. El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. Madrid: Editorial Amnistía Internacional.
-          Amnesty International. “Increased police repression continues to go unchecked in Turkey”. 11/06/2013.
-          CHILE (2012). Proyecto Presupuesto 2013. Dirección de Presupuestos.
-          El Mostrador (Chile). “Antes de desmayarme recibí muchos palos en la cabeza”. 14/06/2013.
-          El País (España). “Aumenta un 1.780% el gasto en Material antidisturbios y protección”. 30/10/2012.
-          El País (España). “Sao Paulo vive una batalla campal entre policía y manifestantes”. 14/06/2013.
-          Instituto Nacional de Derechos Humanos (2012). Informe Programa de Derechos Humanos y Función Policial.
-          La Tercera (Chile). “Erdogan dice que ‘limpiar’ la plaza Taksim era su deber”. 16/06/2013.
-          Lowery, Wesley. Zero Tolerance Policies. In Tavis Smiley Reports, PBS.
-          New York Times (Estados Unidos). “It’s a Fork, It’s a Spoon, It’s a… Weapon?” 11/10/2011.
-          NPR. Wisconsin Public Radio. “Hundreds Arrested After Protest On Brooklyn Bridge” 01/10/2011.
-          Página 12 (Argentina). “Violento desalojo en Turquía”. 16/06/2013.
Video
Declaraciones de estudiante del Liceo Barros Borgoño (Chile)

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