miércoles, 13 de marzo de 2013

La estrategia que hay detrás del anunciado reajuste del salario mínimo

El reciente anuncio de anticipar la negociación del salario mínimo —históricamente programada para junio de cada año— reviste especial atención desde el mundo del trabajo.

Anticipar una negociación, está muy sintonizado con una estrategia clásica del empresariado a efectos de controlar lo que por esencia debería ser incierto: el conflicto. Ahora, en año electoral, con un Imacec de 6,7 %, con 14 chilenos ultramillonarios Forbes cuyas riquezas están avaluadas en $ 29,4 millones de millones, con un problema distributivo incontrolable donde las personas que pertenecen al 5 % más rico obtienen 260 veces más ingresos (ingresos autónomos) que quienes pertenecen al 5 % más pobre (estas 260 veces reflejan un incremento de 100 % respecto al año 1990), parece irracional negar un ajuste salarial o incluso terminar por imponer uno a causa de no llegar a un acuerdo (salida auxiliar del veto presidencial).


Anticipar el reajuste, bajo esta óptica, se asemeja a la estrategia empresarial de anticipar la negociación colectiva anulando el derecho a huelga (posibilidad que otorga la legislación laboral inventada por el hermano del actual Presidente en tiempos dictatoriales). En el caso del reajuste del sueldo mínimo, la elusión del conflicto es clara, basta considerar que la presidenta de la CUT se entera sólo minutos antes de la estrategia del gobierno, sin ser consultada sobre el anticipo y perdiendo margen de maniobra.
Pero esta anticipación, desde una óptica empresarial, también es favorable en términos económicos. En efecto, habiendo enfrentado los trabajadores elevados precios de los alimentos en buena parte del 2012, corresponde recuperar poder adquisitivo, sin embargo, coincidente con el anticipo, la inflación acumulada hoy es históricamente baja: 1,3 % a 12 meses. Vale decir, para las empresas es el mejor momento para negociar. Es barato.
Actualmente, los datos demuestran que Chile tiene un problema estructural. Una especie de trampa del salario mínimo que genera que recurrentemente el país se sitúe en el vecindario de lo que técnicamente se llama minisalario mínimo, alusión que refleja un desacople entre el tamaño de la economía y este salario piso. En simple, el salario mínimo chileno, equivalente a $ 1.072 la hora, no es un salario que corresponda para un país de US$ 19 mil per cápita. Subirlo a $ 210.000, es aumentar el valor del trabajo en $ 95 la hora, es decir, a $ 1.167.
En este contexto, la nueva corriente investigativa del salario mínimo acumula notables publicaciones científicas donde queda en cuestión el efecto que tiene éste sobre el empleo: no existe evidencia univoca sobre el efecto en empleo.
Esta infravaloración del trabajo, que es histórica, y que se transmite al resto de la economía por el rol formador de salarios de este piso salarial, ha sido escasamente alterada por el establishment. En los hechos, desde mediados de los años 90, el gobierno parece cumplir un rol de defensa del alto empresariado. Este sector no aparece en la discusión, pero el gobierno hace de apoderado de las empresas: los trabajadores no negocian con las empresas, negocian aquí con sus representantes, con la elite política de Chile.
En Chile, pocas veces se reconoce que, el salario mínimo no es un tema exclusivo de las empresas de menor tamaño. De hecho, según la Encla el 55,3 % de los trabajadores que ganan el mínimo están en la gran empresa. Según Casen 2011, los trabajadores dependientes que ganan el mínimo (controlando por horas trabajadas) suman 885.293 personas, de ellos, el 34 % está en la gran empresa. Por tanto, la infravaloración del trabajo también es significativa en el mundo supuestamente más productivo, en el mundo moderno de la economía.
Desde un punto de vista amplio, la elevación del salario (por la vía de su piso mínimo o en el marco de la negociación colectiva) es antes que todo un proceso distributivo, inductor de mejoras en la desigual distribución de ingresos chilena. Es aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores del país. El aumento en los salarios, conduce, a fin de cuentas, a mejoras en el bienestar de los trabajadores y a una reducción de la tasa de ganancia empresarial. Y ese es el quid del asunto, que quienes pierden en esta ecuación, los más poderosos, no están dispuestos a hacerlo.

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