miércoles, 18 de julio de 2012

Harald Beyer y el otro autoritarismo

El informe de la comisión parlamentaria sobre el lucro en la educación superior abrió un panorama de insospechados alcances para la ensimismada política criolla. Lo que era un secreto a voces, así como razón de los más sentidos problemas de estudiantes y familias, se torna hecho certificado con su ingreso a las lides judiciales. Problema mayúsculo para el mal llamado “sistema” universitario, pues involucra a las instituciones de más matrícula del rubro y significa un golpe a su ya alicaído prestigio.
No en balde el ministro enmudece. Es que le pesa su naturaleza tecnocrática, ahora desnuda. Sus planes se ven interrumpidos por estos accidentes, entorpeciendo la marcha de la “razón técnica” en que se ampara. De ahí su indisimulada molestia y decisión de no acusar recibo de los planteamientos estudiantiles. El problema, para las intenciones “técnicas” del ministro, es que estamos en democracia. Muy perfectible, claro, pero ajena a las condiciones que el régimen anterior proveía para el desarrollo de las tareas de los “técnicos”. Esa coercitiva “tranquilidad”.

Lo que aflora con el enojo del ministro es una contenida incomodidad tecnocrática con la democracia, con sus impertinentes procedimientos carentes de “racionalidad”; esos mismos que nosotros acusamos de cerrados y mezquinos. ¿Qué sería de nuestro ministro en un régimen parlamentarista y más participativo, en lugar del restrictivo presidencialismo actual? Menos mal que Guzmán se ocupó de impedirlo, piensan para sus adentros los desinteresados técnicos.

Es que no basta que Beyer y el propio Presidente repitan que a fines de los ’80 votaron por el NO, ni es suficiente que ahora marche por los derechos sexuales. En su conducta tecnócrata hay otro autoritarismo, otra contradicción con la deliberación y participación de las mayorías. Una que no corre de la mano de los excesos más horribles, pero que se conflictúa con la esencia misma de la construcción colectiva del futuro: la incoherencia que para ello representa librar tal destino a técnicos cuyas decisiones son, en apariencia, ajenas a la política (léase descontaminadas).

Estas tecnocracias —por igual en éste y anteriores gobiernos— naturalizan las opciones políticas adoptadas, presentándolas como únicas posibles en virtud de la razón técnica. Oponérseles, entonces, es oponerse al bien común. Discutir el modelo económico es oponerse al desarrollo. Discutir el modelo político es oponerse a la democracia. Aparece así este patrón de crecimiento como el único modelo de desarrollo posible; y este régimen político como LA democracia. La endogámica política que dibujó la transición, a la que se acomodó una elite concertacionista que hoy “descubre” los malestares, no deja revisar el modelo político ni económico, ¡en nombre de la democracia y el desarrollo!

Con su fría estampa “apolítica”, su arrogante tono de saber incontestable —una brujería superior, al decir de Gramsci—, su imperturbable elusión del debate sustantivo, el discurso tecnocrático naturaliza opciones políticas y económicas, invisibiliza los intereses sociales que están tras ellas, y sustrae tales decisiones de la política abierta. La reduce a una suerte de gestión para entendidos, y con ello “desciudadaniza”, produce un ciudadano espectador, contemplativo de un saber pretendidamente superior y excluyente.

Tecnocracia y democracia, un matrimonio imposible

El trozo de verdad abierta sobre el lucro en la educación superior, una veta de lumbre en el oscuro mundo de los subsidios estatales a las grandes ganancias privadas, apunta la linterna al sótano de esta política y este crecimiento naturalizados como técnicamente infalibles. Un lucro que pulula en universidades que juran un intragable afán de contribución altruista al conocimiento, en base al sacrificio de capitales privados.

Aunque no rebasa el tema educacional, es también un golpe al secuestro de los asuntos “públicos”. Un golpe a uno de los modos de dominación más efectivos que cobijó la trillada “gobernabilidad democrática” todos estos años, bajo el silencio cómplice de Montescos y Capuletos. Ese despliegue de un saber administrativo e instrumental que debilitó la capacidad político-cultural de redefinir lo posible y lo deseable, sufre ahora un golpe a sus bases de legitimación.

Pero la democracia instala la voluntad popular como principio rector del orden. No avala ninguna autoridad como portadora exclusiva de la verdad, por eso permite a la sociedad organizarse bajo el principio de la soberanía popular y de la mayoría. Ello separa la legitimidad de la autoridad y las leyes de pretensiones de verdad absoluta. Y esto vale para la dirección y sus recursos técnicos, su razón inexpugnable de la eficiencia y eficacia, en fin, para la pretendida autonomía de la racionalidad instrumental sobre la sociedad.
Su monopolio de la modernidad es otra falacia. Ésta irrumpió con la promesa del progreso y la razón, pero la tecnocracia lo ha torcido, desplazando los problemas sustantivos por los operativos. Es que la tecnocracia es un grupo que se integra a la elite del poder, pero su acceso a ella se fundamenta en argumentos “técnicos”, no políticos. Así su poder no apela a una aceptación deliberada de los subalternos sino a una “verdad” que está por sobre ello. La tecnocracia apela a que no se pueda decidir si estar o no de acuerdo, sólo apreciar el resultado que operativamente indica la “razón”.

Esta insalvable distancia entre democracia y tecnocracia, entrampada en nuestro país por más de veinte años a favor de la segunda, indica más bien que ésta última es —en tanto anulación de la posibilidad de que sean los individuos los que construyan su historia— una prolongación del autoritarismo, que frena la construcción de la democracia. No es, pues, con más tecnocracia como podremos mejorar nuestros asuntos, ahora la educación superior, mañana la salud y hasta nuestros mismos modos de vida.

Pero el destape del lucro en la educación es indicativo de un dilema aún más complejo, frente al cual la política tiene sólo dos salidas: callar o cambiar. Echarle tierra a lo hallado es pan para hoy y hambre para mañana; aunque los cálculos de corto plazo parecen pulular. Por el contrario, continuar la investigación, legislativa y judicial, es alumbrar no sólo la colusión de la política ante estos hechos, sino develar las formas y grados de acumulación privada que han sido estimulados por la subvención estatal, develando poco de emprendimiento y harto de rentismo pasivo sobre los hombros del financiamiento que toda la sociedad provee al Estado.

La encrucijada tiene pocos escapes, si es que los hay ante las fuerzas sociales constituidas como protagonistas de la situación. La verdad quiere cetro, reclama el poeta. La mentira puede correr cien años, que la verdad la alcanza en un día, anota la sabiduría popular. Si éstos son aún los tiempos de la ilusión tecnocrática, la mudez de nuestro ministro parece indicar que algo no anda igual que antes.

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