jueves, 19 de julio de 2012

El lucro, el engaño y sus cómplices

Últimamente se ha debatido mucho sobre el lucro. Una acusación que durante bastante tiempo se mantuvo finalmente ha empezado a calar hondamente. La violación a la ley que prohíbe el lucro en nuestro sistema universitario es un problema altamente difundido e involucra a un número importante de instituciones y “empresarios” del rubro. Sin embargo, más allá de las defensas espurias, de buscar el último resquicio legal para defender una flagrante burla a la ley, han surgido voces que, por primera vez con tanta fuerza, develan sus posturas a favor del lucro en educación.
En ese sentido, se han escuchado una serie de alegatos que buscan defender la persecución de riqueza en el ámbito de la educación. Exactamente igual como si se tratase de la industria automotriz o de la comida rápida. La idea de los defensores del lucro es que la persecución de bienestar personal de quienes son dueños de las empresas productoras, en este caso universidades, junto con un mercado perfecto significará que los establecimientos competirán entre ellos reduciendo sus precios al mínimo y maximizando la calidad del bien entregado.
¿Cuál es el problema de buscar lucro en la educación? El problema, podemos decir con certeza, es que no funciona. Cuando los defensores del lucro en la educación plantean sus argumentos casi siempre se reducen a uno solo: cobertura. El aumento explosivo en número de universidades, CFT e IP sería suficiente para justificar esta situación. Sin embargo, tras esta afirmación, claramente se omite una parte de la historia, la más importante. ¿Cuál fue el costo de este crecimiento desregulado e incentivado en gran medida por la persecución de lucro? Un sistema en el que de un total de 97 instituciones que pasaron por procesos de acreditación institucional (varias ni siquiera lo han intentado), solo el 10% fueron acreditadas en todas sus áreas, mientras que un 60% solo cumple con mínimos cuestionables. Como lo explica el director del Centro de Estudios Públicos, Arturo Fontaine, las universidades no compiten vía precios, que solo suben, ni calidad, que puede ser difícil de medir antes de graduarse: las universidades compiten vía marketing.

Según un estudio reciente del CEP, presentado por Sergio Urzúa, aproximadamente el 42% de los titulados de establecimientos privados obtendrán una rentabilidad negativa: haber estudiado en este tipo de universidades, lejos de servir como herramienta de promoción social y económica, se ha vuelto un primer paso hacia el círculo vicioso del endeudamiento.

Curiosamente, el propio ministro Beyer, en su momento, afirmó que las universidades con fines de lucro nunca serán buenas universidades. Sin embargo, lo hemos oído despreciar en reiteradas ocasiones el informe emanado de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el que se señala en detalle algunas universidades que lucran y la manera en que lo hacen. Quizá uno de los elementos más interesantes de este informe que el ministro ha desechado son las afirmaciones a la comisión de su antecesor en el cargo, Felipe Bulnes: “No es casualidad que ningún ministro de Educación —incluyo ambas coaliciones— haya ejercido acciones decididas para controlar esta materia…debo decir que la ley no fue pensada para sancionar a una universidad por dicha circunstancia… Esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando, incluso, es público y notorio —algunas personas se refirieron a ello antes que surgiera esta polémica— que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que, así lo entendí yo, era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”. En otras palabras, tenemos un sistema legal diseñado para hacer la “vista gorda”.

Es indignante e inaceptable, sobre todo cuando se considera la complicidad que ha tenido el Estado. Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación. Según Contraloría, más de $ 85 mil millones fueron asignados solo a las universidades cuestionadas por el informe de la comisión investigadora y hay muchas razones para creer que el número de universidades y monto comprometido es bastante mayor.

El primer paso es terminar con esta verdadera complicidad en la que ha caído nuestro Estado. Se debe tramitar con urgencia una legislación robusta que permita fiscalizar y castigar a aquellos que estén lucrando con recursos fiscales. En segundo lugar, se debe prohibir y tipificar el delito cometido por aquellos que lucran y engañan a miles de chilenos. No es posible que la única sanción para quienes han cometido este ilícito sea revocar su estatuto de universidad.

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