miércoles, 19 de octubre de 2011

La alerta educacional chilena para América Latina

Como una campanada antes del desastre. Así podríamos caracterizar este momento clave en la historia de la educación pública de América Latina. El ampliamente difundido laboratorio de políticas neoliberales, Chile, comenzó a dar una sacudida fuerte en 2006, cuando cientos de miles de estudiantes de escuela primaria y secundaria salieron a las calles a protestar por el derecho igualitario a la educación. Pasaron casi dos meses, y toda la movilización comienza a morirse en los acuerdos políticos que culminan con la dictación de una nueva Ley General de Educación que no distingue entre educación pública y privada. Hoy, cinco años después, la situación se repite, pero con una profundidad mayor. 

Los orígenes

Si bien podemos reconocer que la segmentación educacional ha estado presente en Chile desde los inicios de la República, podemos señalar que durante el siglo XX hubo avances fundamentales en la democratización del acceso y de la gestión educacional en términos de participación ciudadana. La derrota del gobierno socialista de Salvador Allende significó no sólo extirpación del “cáncer marxista” como citaba Augusto Pinochet, sino también implicó la transformación severa de la institucionalidad democrática, de las relaciones sociales derivadas de la ley, y del rol del Estado en relación a los servicios sociales. En términos concretos, la Carta Constitucional impuesta en 1980 se transformó en una pesada lápida de un rol protagónico del Estado en la provisión y control de servicios sociales, impulsando así la fuerte privatización de las empresas estatales –en ventas a precios muy bajos- y la mercantilización de la salud, educación y previsión social. 

Esta realidad no cambio sustantivamente a partir de 1990, año de la recuperación de las elecciones democráticas. La institucionalidad chilena permitía la presencia de militares y de adeptos a la Dictadura en diversas instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, Congreso Nacional, o el Consejo Nacional de Educación. Podemos aventurarnos a decir que los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (que gobiernan Chile entre 1990 y 2010) no fueron capaces de presentar y defender un proyecto de recuperación de la educación pública, omisión que acentuó en gran medida la tendencia general de la instalación del libre mercado en educación. Hoy estamos ante un sistema educacional altamente segmentado por clases sociales, y que muchas veces se basa en una regulación basada en los ingresos económicos familiares, es decir, en la capacidad de pago que tienen las familias para solventar el pago de una escuela privada o de una institución de educación superior (pública o privada).

La promesa del neoliberalismo no se cumplió en Chile. Los argumentos tendientes a señalar que un aumento de la calidad de la educación estaría asociado al hecho que las familias y el Estado premiasen a las escuelas que alcanzasen alto rendimiento, y castigasen con el retiro del mercado a las escuelas que no ofrecían un buen nivel del servicio, han sido refutadas por la realidad. Probablemente los neoliberales sostengan que el fracaso está asociado a que nunca se ha logrado un completo laissez-faire en Chile, no obstante, creo que no es necesario esperar que la educación de las grandes mayorías se pudra para saber que algo no funciona.
Las luchas estudiantiles

La lucha por una educación pública de calidad en Chile presenta algunos antecedentes en la década de los 90, cuando ya aparecen cuestionamientos de los estudiantes universitarios y de los profesores a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza -aprobada durante los últimos días de la Dictadura Militar-. Pero no es hasta avanzada la década de los 2000 que la llamada Revolución Pingüina coloca en jaque al status quo de la estructura del sistema educacional chileno. Varias investigaciones del mundo académico, nacionales e internacionales, comenzaban a denunciar diversos aspectos del sistema educacional como: la supuesta mejor calidad del sistema privado, el uso fraudulento de los recursos públicos en el sector privado y también público (municipal), las deterioradas condiciones laborales docentes, la presión infructuosa de las pruebas estandarizadas, la disminuida inversión de recursos en las escuelas públicas, la falta de preparación de las municipalidades para gestionar la educación de sus distritos, etc. Si bien, las grandes movilizaciones estudiantiles de ese año no lograron concretar una ley progresista, sino que más bien se vieron aplastadas por las fuerzas conservadoras que perfeccionaron la mercantilización de la educación, si significó una conciencia de lucha y de estrategia.

La actual coyuntura nos muestra precisamente estos aprendizajes, que se ofrecen como una experiencia relevante para ser tomada en cuenta en América Latina y sus luchas por una educación pública de calidad. A mí modo de ver podemos sintetizar estos elementos en los siguientes puntos:

a)      Claridad de las demandas: las peticiones de los estudiantes han sido reforzadas por discusiones amplias de diversos sectores de la sociedad, que buscan la reconstrucción de la educación pública, destacando los ejes de la gratuidad, laicidad y gestión democrática.
b)      Legitimidad y alcance social: las manifestaciones de apoyo al movimiento de los estudiantes ha alcanzado cifras históricas. Se han logrado una masividad que ha superado en varias ocasiones las 100 mil personas marchando en Santiago –con escuelas, liceos y universidades en toma o en paro-, lo cual se ha dado en un contexto de diversificación de las formas de protesta, recurriendo a la creatividad, el arte y la comunicación directa a través de recursos informáticos.
c)       Desconfianza y Garantías de Negociación: la desconfianza hacia la gestión de los políticos/as ha sido un aprendizaje fundamental dejado por la Revolución Pingüina. La apertura a la negociación con las autoridades por parte de los estudiantes se ha visto condicionada a que exista una voluntad real (y una acción concreta) por abordar las demandas centrales del movimiento. En este sentido, en varias ocasiones los estudiantes han bloqueado el diálogo solicitando garantías específicas, lo cual les ha dado una solidez ética.
d)      Rigidez Política del gobierno: el hecho de que el poder empresarial de Chile esté en el gobierno hace que este sector defienda intransigentemente el mercado en educación, ofreciendo medidas que se quedan en el aumento de recursos económicos para la educación, pero no tocando la estructura del sistema educacional. Un segundo tipo de respuesta lo ha constituido la represión policial, las amenazas de término de becas para los estudiantes y de repitencia del año escolar/universitario, y el nuevo proyecto de ley que busca sancionar la toma de escuelas como acto delictivo.
e)      El sentido de lo público: la toma de las escuelas y universidades, la ocupación de las calles y parques, habla de una vivencia del espacio público en términos de invasión del interés común en estos lugares. Se ha vencido la particularización de los conflictos, y es frecuente observar la confluencia de demandas de otros sectores como son: la igualdad de derechos de las minorías sexuales; la recuperación y legitimación de las minorías étnicas; la defensa del medio ambiente y la nacionalización de los recursos naturales; entre otras.

La sensibilidad del pueblo chileno está avanzando hacia una humanización y comunión en torno a la perversión de la lógica del capital. Ya no es extraño que se hable de Asamblea Constituyente, Plebiscitos vinculantes, revocabilidad de los cargos de elección popular, organización local… Es un momento crucial para la educación de América Latina, las alarmas están activadas, el modelo chileno de exportación se cae y este proceso debe ser seguido de cerca por nuestros países. Porque la sociedad luchando, también está aprendiendo…

Por Jorge Inzunza H., publicado en blog EDUCACIÓN ESPERANZA el 15 de octubre de 2011

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