miércoles, 27 de julio de 2011

Profesores de la UC: no queremos ser cómplices

En el fragor de la crisis universitaria a muchos, no sin razón, parecerá que la P. Universidad Católica de Chile no tiene títulos para participar en la discusión con legitimidad. A sus alumnos y académicos el asunto no los perjudica. La PUC está asegurada. Es más, nosotros mismos, los académicos de la PUC debemos reconocer que miramos la realidad a través de un velo. Nuestro habitat intelectual actual se fraguó en la dictadura militar. En la PUC todavía hay miedo. ¿Por qué? Identifico dos factores: la apoliticidad que la distingue, y un catolicismo pomposo y muy controlador. Nos cuesta entender los problemas políticos.

Tenemos una falla en la empatía.
Esto, afortunadamente, no es toda la realidad de la PUC. En ella siempre se ha dado también una fuerte conciencia de pertenencia a una institución con sentido social, con vocación se servicio público y “católica” en el sentido ortodoxo del término. Católica, es decir, universal; capaz de ir más allá de sus intereses inmediatos; pluralista y abierta a todos los problemas que nos puedan aquejar como personas y como sociedad.
 
El caso es que un grupo significativos de académicos de la PUC nos estamos reuniendo, impactados por la injusticia de la educación chilena. Han sido necesaria enormes manifestaciones, y desgraciadamente actos de fuerza y de violencia, para caer en la cuenta de lo tremendo que puede ser para una familia pobre lograr que un hijo entre a la universidad, pero que egresado de ella tenga que pagar una deuda que gravará su futuro por años. El grupo de académicos de la PUC nos hemos reunido en torno a una Declaración frente a la crisis de la educación.

Hablo por mí mismo, tras escuchar muchas y muy diversas opiniones. Veo que se necesitan cambios a tres niveles.

Urge legislar. Se necesita una ley justa. Comparto la Declaración: “…la búsqueda de propuestas claras y abordables de definición de objetivos precisos para el mejoramiento de la convivencia social a través del mejoramiento de la educación, nos llevan a proponer derechamente el reemplazo de la normativa universitaria vigente desde la imposición de la  ley de 1981, que muchos consideramos espuria, en muchos sentidos abusiva y carente de legitimidad democrática”. En lo inmediato, necesitamos una ley que se haga cargo del incremento de los universitarios de los últimos 20 años y tenga cuenta de los sueldos misérrimos de las familias chilenas.

A mediano plazo parece que necesitamos un cambio institucional mayor. El problema de Chile es político. Las inquietudes políticas no están pasando suficientemente por los políticos. Pero no por mala voluntad de estos. La institucionalidad no contiene la realidad. Necesitamos una Constitución que encauce las demandas reales de participación de una sociedad nueva bajo muchos respectos. ¿Cuánto aguantará la actual Constitución? Parece un cántaro agrietado.

A largo plazo, o mejor, en perspectiva de gran angular, debemos discutir acerca de la persona y la sociedad que queremos formar. Existe en Chile un malestar clamoroso en contra de la mercantilización de la vida. A los mapuches les dividieron las tierras y las plantaciones de pinos les secaron las napas; a los enfermos, de noche, les subieron los precios de los remedios; a los consumidores les repactaron las deudas unilateralmente… ¡Alguna universidad, tiempo atrás, compró a otra la cartera de estudiantes!

¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué país? Me hago esta pregunta como académico de la PUC. No tengo la respuesta, solo un puñado de ideas. Hago mías, por esto,  las palabras de la Declaración de mis colegas: “Mantener el silencio que hemos guardado por tantos años nos hace cómplices de una situación en la cual se entrega a las leyes del mercado lo que debe ser, en cambio, un territorio custodiado por los criterios de la excelencia, la solidaridad, el servicio y la voluntad de actuar enfrentando desafíos que son propios del Chile del siglo XXI”.

Por Jorge Costadoat, S.J., Centro Teológico Manuel Larraín

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