viernes, 24 de junio de 2011

La reforma a la ley 30 de educación superior: una propuesta arrogante y desvergonzada

La presentación del gobierno y las reacciones

La presentación del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, por la cual se regula el servicio público de educación superior, ha puesto en evidencia una fuerte tensión entre el Gobierno Nacional y los sectores académicos y las organizaciones que integran el movimiento social educativo en el país. Algunas de las implicaciones de esta tensión se han conocido a través de los medios de comunicación, resaltando sobre todo la propuesta de aceptar la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro, permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas y la exigencia de devolución de los subsidios por parte de los universitarios que reciban un apoyo por parte del Gobierno para su sostenimiento o para el pago de la matrícula, una vez graduados y tan pronto superen un determinado umbral de ingreso. Desde luego, también se mencionan los cuatro grandes objetivos que animan la propuesta: mayor calidad, aumento de la cobertura, más pertinencia educativa y promoción de la transparencia y el buen gobierno en el sector.

El proyecto causó sorpresa y suscitó el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y de diversos actores del mundo universitario y educativo del país así como la movilización de estudiantes, profesores y comunidad educativa en rechazo a la iniciativa del Ejecutivo.[1] Los análisis abundan en el señalamiento de los aspectos negativos de la propuesta. El articulado del proyecto ha sido examinado de manera exhaustiva desde distintos puntos de vista y cubren todas las aristas políticas, académicas, financieras, fiscales, administrativas, culturales, filosóficas, científicas, etc., relacionadas con el tema. Sobra decir que la lectura de estos documentos deja ver la profundidad y seriedad con que han sido abordadas las objeciones planteadas al proyecto de ley, razón por la cual recomiendo su atenta lectura.

Para no abundar en las consideraciones contenidas en esos documentos, en estas líneas me limitaré a enfatizar tres aspectos esenciales y de importancia estratégica para la acción política que debe ser desarrollada durante el proceso de trámite del proyecto de ley que se inicia en el mes de julio en el Congreso Nacional: La total correspondencia del proyecto del gobierno con la tendencia mundial, el intento de consolidación del cambio de enfoque educativo con base constitucional, y la precaria capacidad de respuesta del movimiento social educativo y de las fuerzas políticas que buscan un modelo alternativo.

Consolidación de la tendencia global

Sin lugar a dudas, a nivel mundial se ha consolidado la concepción de la educación como factor clave para el crecimiento macroeconómico y la tendencia a incorporarla en el marco de enfoques de política pública que buscaban reformar los sistemas educativos para adecuarlos a un proceso de creciente mercantilización del “servicio educativo”, basado en incrementos en la cobertura, el mejoramiento de la “calidad”, y la optimización de la eficiencia en la gestión de los recursos asignados. El desmonte del “Estado de Bienestar” y la transferencia de sus obligaciones a la sociedad civil produjeron un cambio radical en la concepción y la aplicación de las políticas educativas. En general, el propósito de contar con políticas públicas, entendidas como políticas definidas y gestionadas con participación de actores sociales y políticos, fue abandonado y sustituido por la adopción de políticas cuya implementación tiende a “tercerizarse” con operadores privados de diferentes tipos: agencias de cooperación, ONG, instituciones educativas privadas, empresas. Esta situación ha dado paso a un nuevo tipo de modelo de transferencia transnacional de políticas dominado por nuevos “ensamblajes” o “conjuntos” para la movilización de las políticas, las “eduempresas” o “empresas multinacionales de educación”, como las llama Stephen Ball[2]. Las reformas educativas han venido generando transformaciones decisivas en las relaciones entre las políticas educativas, las empresas y los estados nacionales, avanzando en la configuración de procesos transnacionales de mercantilización educativa en los cuales compiten nuevas configuraciones empresariales dedicadas a la transferencia de modelos educativos especialmente diseñados para competir en el mercado del conocimiento. Esto significa que la educación se mueve rápidamente para ser cooptada por la idea según la cual los problemas de la desigualdad y la pobreza se solucionan mediante el emprendimiento o la capacidad individual para generar empresa y riqueza. Estas “eduempresas” se rigen por las mismas reglas de mercado y procesos de negocio del mundo empresarial, como ocurre con los procesos de fusiones y adquisiciones. La idea de las empresas de educación hace puente con la premisa de la prioridad del crecimiento macroeconómico como objetivo del desarrollo y con la concepción de la calidad educativa entendida como desempeño exitoso en las pruebas globales estandarizadas que miden logros de aprendizaje por competencias y con la orientación creciente a la adopción de contenidos de formación y sistemas educativos para el trabajo. Existe creciente evidencia de la consolidación de este modelo a escala global, y la iniciativa de reforma de la ley 30 presentada por el Gobierno Nacional se inscribe de manera clara y explícita en este enfoque.



Cambio del modelo educativo de base constitucional

Dentro de los análisis realizados con ocasión de este debate destaco el aporte de Pedro Antonio Pinilla Pacheco, quien considera que los detalles y minucias contenidos en el articulado del proyecto (“las irrisorias asignaciones presupuestales que ofrece el proyecto, las becas y créditos educativos con bajos intereses, los fondos que se crean para la inversión y para la investigación, la participación del sector privado en la financiación de las IES, así como la cantidad de cosas menudas a través de las cuales se quiere legitimar la reforma”) “constituyen un velo que oculta los propósitos reales y significan apenas paliativos que no van a tener efectos extraordinarios sobre el estado de la educación superior en el país”. Para Pinilla, el propósito fundamental de la propuesta del gobierno es la consolidación de un cambio radical del modelo educativo de base constitucional que viene afianzándose desde el año 2002, mediante acciones legales y políticas establecidas  en forma sistemática, y que se recogen integralmente en el documento CONPES 3674 del 19 de julio de 2010 y en el documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos” [3].

Esto significa que el proyecto intenta sustituir la base conceptual que orienta, aún con sus ambigüedades, el enfoque de derechos planteado por la Constitución Política de 1991, “para introducir un modelo flexible y desregulado, ajeno a las normas de las comunidades científicas y académicas mundiales y  proclive a  las dinámicas  de los mercados laboralesinaugurando así una visión particular del concepto de capital humano,  entendido en el marco de la protección social, que  asigna como fin principal de la educación la formación para  un trabajo precarizado,  que necesariamente se consolidará con esta nueva política”. La conclusión de Pinilla es que la propuesta del gobierno construye una simbiosis … entre  el Sistema Nacional de Educación para el Trabajo y el Sistema de Formación de Capital Humano que entra a formar parte del SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL y marginalmente del sector educativo, con lo cual la educación se debe analizar en contextos diferentes a los constitucionales[4].

Esta iniciativa culmina así un largo recorrido realizado por las políticas neoliberales que han venido insistiendo en el aumento de las coberturas educativas, el mejoramiento de la calidad de los “servicios” educativos, y la reforma a la gestión de los sistemas y las instituciones educativas. Este último aspecto ha venido avanzando sin que los sectores defensores del derecho a la educación y de la educación pública hayan podido realizar acciones significativas para contrarrestar lo que acertadamente se calificó como la “contrarreforma educativa” implementada durante los dos gobiernos de la “seguridad democrática”. La diferencia existente entre el curso de este proceso y lo que hoy propone el Gobierno Nacional consiste en que la discreta pero persistente transformación del sistema educativo nacional se hace ahora de manera arrogante y desvergonzada acudiendo a la defensa de las hoy más que nunca dudosas virtudes del espíritu, la transparencia, la ética y la neutralidad empresariales.

La precaria capacidad de respuesta de los sectores alternativos

A pesar del unánime rechazo a estos contenidos profundos de la propuesta de reforma a la ley 30 no dejan de escucharse voces que intentan matizar sus efectos y dotar de sentido positivo la intención del gobierno, cuando no defenderla abiertamente abrazando el credo neoliberal. Sin embargo, este rechazo y la movilización social que ha generado parecen ser insuficientes para superar el estado de dispersión y desarticulación de los defensores de la concepción de derechos, estado que, hay que decirlo, ha permitido el avance y la consolidación de las tendencias mercantilistas y privatizadoras no solo en Colombia sino en el mundo entero. A pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones y redes nacionales e internacionales que defienden la concepción de derechos y luchan por la defensa y el fortalecimiento de la educación pública a cargo del Estado, se puede constatar la dominancia de la concepción instrumental de la educación como factor de desarrollo, como ámbito de inversión con saldos favorables en la relación costo/beneficio, altas tasas de retorno y atractivo campo de inversión. La carencia de una real alternativa política de carácter democrático en el país hace más necesaria la creación de una fuerza capaz de enfrentar y neutralizar la aprobación de la reforma en el congreso, garantizada hasta ahora por la composición de las bancadas y por la profundización de la contrarreforma educativa iniciada con el nombramiento de una Ministra de Educación que agencia abiertamente los intereses y las concepciones del mundo empresarial en materia educativa.

Publicado originalmente en "Caja de Herramientas", Año 20 N° 140, Bogotá, mayo de 2011


[1] Un conjunto de pronunciamientos sobre el particular, realizado por autores reconocidos en el mundo académico del país puede verse en: http://derechoalaeducacion.com/admin/docs/1304616387RevistaIZQUIERDASeparataLAUNIVERSIDADSITIADA.pdf, o visitando el blog de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación: http://derechoalaeducacion.com/documentos.php

[2] Ball, Stephen J, “Exporting Policy: the growth of multinational education businesses and new policy ‘assemblages’”, citado por Orlando Pulido en: “Análisis político de la situación actual y de contexto de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, Bogotá, enero de 2011. La coyuntura mundial, latinoamericana y colombiana en educacipon, en: http://versus21.blogspot.com/2011/03/la-coyuntura-mundial-latinoamericana-y.html
[3] Pinilla Pacheco, Pedro Antonio, “Análisis contextual del proyecto-propuesta de “reforma a la ley 30 de 1992,  por la cual se regula el servicio público de la educación superior”. Presentación en Power Point gentilmente proporcionada por el autor.
[4] Las itálicas corresponden a las citas textuales del documento de Pinilla y las negrillas están en el original. Este punto de vista sobre la dilución de la educación en el Sistema de Formación de Capital Humano es compartido por Jairo Estrada Álvarez: “La universidad bajo el asedio del radicalismo neoliberal”, Revista Izquierda, No. 11, Mayo de 2011, Bogotá, Colombia, ISSN 2215-8332, págs. 52-65.

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