domingo, 29 de agosto de 2010

Mineros atrapados por las leyes

Cae la noche en el lugar donde murió hace seis años Pedro González, cerca de donde cayó Fernando Contreras dos años después, en el mismo sitio donde falleció Manuel Villagrán en 2007, en la misma zona en que un derrumbe se llevó el pasado 3 de julio la pierna de Gino Cortés y donde ahora permanecen enterrados en vida 33 hombres a 700 metros de profundidad: la mina San José. Las familias se han reunido en asamblea, como todas las noches. Margarita Lagos, la madre de Claudio Yáñez, de 34 años y dos hijos, no acude a la reunión. Está sentada en su chamizo, al resguardo de una candela junto a Javier Castillo, secretario del único sindicato de Minera San Esteban, propietaria de la mina. La compañía la integran unos 150 trabajadores, de los cuales 75 son miembros del sindicato. Hay familias que han interpuesto una querella criminal contra los dueños de la mina. Pero Castillo aconseja a Margarita esperar a que el sindicato haga una "sólida presentación jurídica" que apunte a "dar castigo a los responsables" antes que a buscar compensación económica. "La querella en Chile está abocada al fracaso mientras los mineros permanezcan con vida", señala Castillo.

"Nosotros ya conseguimos cerrar esta mina después de la muerte de Villagrán en 2007", le explica Castillo a Margarita Lagos. "Pero al final, se reabrió. Dentro de unos meses puede que los que estén ahí abajo cobren sus indemnizaciones y a cambio no quieran denunciar ni a la empresa ni al Gobierno. Pero así seguirán muriendo otros mineros. Al minero boliviano que está ahí enterrado, tal vez el presidente Evo Morales le ofrezca una pensión de por vida y él se vaya a Bolivia y no quiera complicarse la vida con denuncias. Y yo no se lo puedo llevar a mal, nunca me voy a poner en contra de ellos. Pero nuestra obligación es luchar para que los propietarios inviertan en la seguridad".

El problema es que si se cierra una mina, el minero puede ir al paro. "Y en España, el Gobierno te da dinero por estar cesante, pero aquí no. Aquí, te quedas sin nada", comenta otro sindicalista. "Los mineros cargados de hijos se niegan al cierre, pero yo les digo: si no se cierra, tu mujer lo único que va a recibir de ti va a ser un cajón. Cuando cerramos esta, los compañeros encontraron trabajo en otras. Pero entonces no había aquí periodistas. Los mismos empresarios volvieron a abrirla tras unos meses y tuvieron que ser otros mineros quienes vinieran a comprobar empíricamente, por ellos mismos, que no se podía trabajar ahí".
El reclamo que usó la compañía para encontrar trabajadores fue muy sencillo: aumentar los sueldos un 20% respecto a otros yacimientos. Los empleados de San José ganan de media 857 euros (550.000 pesos) al mes, mientras que el salario medio en otras empresas de tamaño semejante es de 700 euros. Con las horas extras un obrero puede cobrar el equivalente a unos 1.000 euros.

Alejandro Bohn, uno de los dueños de San José, declaró recientemente: "No es momento de asumir culpas ni de pedir perdón". Castillo cree, sin embargo, que Bohn tendría que ir a la cárcel. Y que el Gobierno también debería "responder legalmente por haber autorizado su apertura". Margarita Lagos aconseja a Castillo que trate de convencer al resto de familias para que no se pongan en manos de los abogados del Estado. "Porque ellos son juez y parte. Van a muñequear [enredar] y, al final, todo se quedará en nada".

Mientras conversan la familia de Lagos y el sindicalista llega a la fogata Cristina, la esposa de Claudio, con una carta que acaban de entregarle enviada por el minero Jhony Barrios, de 50 años. Barrios es el único de los 33 con conocimientos de enfermería. En este momento resulta de gran utilidad para los equipos de rescate. Su vecino Tomás Sepúlveda, padre político de Claudio Yáñez, cuenta que Jhony se separó hace unos meses, después de 25 años casado, y ahora hay ciertas disputas entre "la Marta Salinas y la amante" por ver quién lo representa. En el papel, Jhony Barrios delega en su novia. Si se está hablando de indemnizaciones, y muchas familias hablan de ellas, el dato es importante.

Castillo prefiere centrarse en las responsabilidades antes que en el dinero. "Ahora, la ley viene a decir: si las condiciones de la mina son malas, tienes la libertad de irte. Pero no existe el derecho a trabajar en condiciones seguras. Si se tienen que cerrar minas, que se cierren, aunque nos quedemos sin trabajo. Nuestros tiempos son más largos que el de los periodistas. Cuando ustedes se vayan, aquí seguirán muriendo mineros".

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