lunes, 17 de mayo de 2010

Prueba Inicia: lo que ocultan los porcentajes

El 7 de mayo pasado el Presidente Sebastián Piñera comentaba desde su privilegiado palco, los resultados de la Prueba Inicia: “Acabamos de tener una muy mala noticia, porque hemos visto cómo nuestros profesores, que se sometieron voluntariamente a un test y a un examen, han demostrado que desgraciadamente no tienen los conocimientos ni las habilidades necesarias para educar a nuestros hijos" (El Mercurio). Pese a que el Presidente tiene una hermana y una hija profesoras, comete en esta pequeña frase varias imprecisiones sobre nuestra realidad educativa y sobre el quehacer pedagógico en particular.

Difícilmente en Chile podemos hablar de “nuestros hijos” y “nuestros profesores”, debido a la gran segmentación de mercado de nuestro sistema desde la municipalización y privatización de los años 80, proceso que no se ha detenido hasta hoy. Recogiendo la añeja (pero vigente) categoría de clase, los colegios particulares educan a “nuestros hijos” de la clase alta –donde estuvieron los cuatros hijos del Presidente-, y los establecimientos municipales educan a “nuestros hijos” de las clases más bajas (el 40% más pobre se concentra en estas escuelas). Muchos docentes que trabajan en el sistema particular pagado cuentan con mejores condiciones de trabajo, que se traducen en mejores salarios, mayor tiempo libre para construir proyectos pedagógicos, preparar las clases y establecer redes con otros educadores y experiencias, menor número de alumnos por aula, mayor cantidad de recursos pedagógicos, y apoyo de otros profesionales. Lamentablemente estas condiciones constituyen la excepción, el 95% de “nuestros hijos” se distribuye en otros tipos de escuelas, recordemos aquel liceo de Lota con sus aulas anegadas en el 2006 y que provocó el estallido social de la Revolución Pingüina.

Pero más allá del uso del posesivo “nuestros”, cabe preguntarse si una Prueba como “Inicia” puede decirnos algo sobre el desempeño futuro de un profesor/a. Cuando el Presidente señala que nuestros profesores no tienen los conocimientos y habilidades para educar, desconoce uno de las características fundamentales de la profesión docente: la práctica o ejercicio docente. Un conocimiento y una habilidad se aprenden cuando estos son puestos a prueba en una situación concreta. Cuando un nuevo profesor/a prepara una clase, la realiza y luego la evalúa, es cuando logra este saber único que sintetiza la teoría pedagógica, los conocimientos particulares de una materia, y la experiencia con sus alumnos/as. Este es el arte de la pedagogía. Pensar que un profesional recién egresado deba haber memorizado todos los conocimientos para practicar la profesión me parece una visión arrogante, estrecha e ingenua.

En una presentación en powerpoint, con el escudo nacional y su “Por la razón o la fuerza” a la izquierda, el Ministerio de Educación entregó los resultados de esta prueba con una interesante caracterización de las instituciones y estudiantes que la rindieron, y con unas vergonzosas secciones de “desafíos” y “conclusiones”. En relación a la caracterización, el 49% de los estudiantes pertenecían a universidades estatales (incluyendo a la Universidad de Concepción que es privada, pero integrante del CRUCH); un 28,1% privadas; un 11,9% a católicas (incluidas las dos pontificias); y un 11% a institutos profesionales. A primera vista, destaca la heterogeneidad de instituciones, donde el porcentaje privado llega al 51% (cabe señalar que un 32% de las universidades privadas y un 33% de los institutos profesionales no participaron en la evaluación).

Un segundo dato es el tipo de estudiante: 91% son mujeres; un 21% tienen padres sin estudios o con educación básica completa, un 53% con educación media completa o incompleta, y un 14% con estudios técnico-profesionales, o educación universitaria incompleta. El 70% de las estudiantes es parte de familias que asisten por primera vez a la universidad. Si sumamos a estos datos el hecho de que los puntajes de ingreso a las carreras de pedagogía fueron relativamente bajos en relación a otras carreras, y que existe una fuerte correlación con los puntajes obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), se estructura un cuadro que complejiza la simplista mirada piñerista.

Históricamente la carrera de pedagogía ha tenido entre sus estudiantes a una mayoría de mujeres –constituyendo lo que algunos llaman “la feminización del magisterio”-, y a jóvenes de clases populares y clases medias, donde se la veía como un vehículo de ascenso social para quienes difícilmente podían entrar a carreras tradicionales como Medicina, Derecho o Ingeniería, reservadas casi exclusivamente a las clases altas. Esta característica histórica sigue operando según los datos mostrados por Inicia. Sabemos además que tanto los resultados del SIMCE como la PSU están explicados en alrededor de un 70% por el nivel educativo de los padres y otros factores extra escolares, discriminando a los que tienen menos “capital cultural acumulado”. En un país fuertemente machista y discriminador de los más pobres, las pedagogías han sido un subterfugio para intentar torcer, aunque sea mínimamente, el destino de estas estudiantes.

Un pequeño detalle, pero no menor, es que los aspectos evaluados más bajos en comunicación escrita fueron los de contraargumento, ortografía y vocabulario, lo cual nos habla de esta segmentación educativa, donde –sin querer estigmatizar- las estudiantes vienen de escuelas más pobres, de familias donde los niveles educativos son más bajos, seguramente con menos posibilidad de adquirir libros o ver en la lectura una actividad incorporada a la vida familiar. Pero también estos resultados muestran la ausencia de políticas de alfabetización crítica, donde el libro sigue siendo un bien de consumo (y de lujo), no un derecho.

Como ya señalamos, el cierre de la presentación en powerpoint del gobierno presenta desafíos y conclusiones lamentables. Las expectativas parecen más bien las de un equipo de técnicos que proyecta la continuación de su trabajo, más que la mirada de política educativa sistémica: estandarizar sus instrumentos, permitir mejor comparabilidad y representatividad de los resultados, promover mayor esfuerzo de las instituciones de formación pedagógica, y generar una cultura de la evaluación. La política pública debería, al menos, corregir la privatización extrema de las instituciones de formación pedagógica, reforzando el carácter público de las universidades estatales que históricamente tienen mayor tradición, y generar óptimas condiciones de aprendizaje y trabajo docente… las que “nuestros hijos e hijas” merecen.

Jorge Inzunza H., Programa EPE, FACSO – Universidad de Chile, Estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad Estadual de Campinas (Brasil).

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